TELEDIARIO.ar
La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner elevará una denuncia formal contra el Estado argentino ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alegando violaciones a las garantías del debido proceso e irregularidades en la causa por la obra pública de Santa Cruz conocida como "Vialidad". Tras haber agotado todas las instancias de apelación de la justicia local, requisito fundamental exigido por los organismos internacionales, la defensa legal de la ex mandataria presentará una "Comunicación Individual" con el objetivo de revertir el juzgamiento que derivó en su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La estrategia judicial cuestiona de forma severa el desarrollo del proceso oral y las actuaciones de magistrados y fiscales intervinientes, señalando vicios de origen como la reapertura de acusaciones sobre hechos previamente juzgados e inconclusos en la jurisdicción provincial de Santa Cruz, así como la incorporación extemporánea de nuevas imputaciones durante la etapa de alegatos. A este escenario de supuestas anomalías procesales se suman los reclamos por el endurecimiento de las condiciones de cumplimiento de su prisión domiciliaria en su departamento de la Ciudad de Buenos Aires, donde se le impuso el uso de monitoreo electrónico mediante tobillera y una estricta restricción para la recepción de visitas.
El equipo legal a cargo de la presentación ante los tribunales internacionales está liderado por su defensor habitual, Carlos Beraldi, junto a letrados internacionales como el especialista brasileño Rafael Valim —quien integró la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ante la propia ONU durante la causa Lava Jato— y el jurista español Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Supremo de España. La nómina de abogados dará a conocer las especificidades técnicas de la denuncia este miércoles mediante una conferencia de prensa en un hotel céntrico de la Capital Federal.
El trámite internacional contempla una evaluación preliminar por parte del Relator Especial del Comité para verificar si la denuncia cumple con los requisitos formales del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tras lo cual se requerirá al Estado argentino la elaboración de sus respectivos descargos y observaciones. Aunque la resolución del Comité de la ONU puede demorar varios años antes de dictaminar si existieron infracciones a los derechos fundamentales de la acusada, la presentación constituye el único frente de litigio internacional activo impulsado por la ex vicepresidenta para combatir su sentencia firme.
