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La Cámara de Senadores se encuentra en el centro de la escena política tras el impulso de una iniciativa legislativa orientada a modificar en profundidad el régimen de propiedad sobre los inmuebles rurales. La propuesta del Poder Ejecutivo busca derogar los pilares de la actual Ley de Tierras con el propósito de flexibilizar el ingreso de capitales e inversiones internacionales al sector pesquero, agrícola y forestal. Este movimiento ha generado un intenso debate dentro del recinto parlamentario, donde se discuten los alcances del proyecto y sus implicancias sobre el control territorial y los recursos naturales del país.
El núcleo de la medida legislativa apunta a eliminar el tope máximo del 15% fijado para la tenencia de tierras por parte de personas físicas o corporaciones de origen extranjero, tanto a nivel nacional como en las jurisdicciones provinciales y departamentales. Asimismo, la iniciativa deja sin efecto las limitaciones especiales vigentes para la compra de terrenos situados en zonas de frontera o que alberguen cuerpos de agua estratégicos, tales como lagos, acuíferos o cuencas fluviales. Quienes cuestionan el texto advierten sobre los riesgos de vulnerar la soberanía geográfica y ceder el dominio de áreas con valiosos minerales y fuentes hídricas esenciales.
En cuanto a la correlación de fuerzas dentro del Senado, el oficialismo, encabezado por la bancada de La Libertad Avanza y con el respaldo de referentes del PRO, cuenta con un piso de acompañamiento afirmado para el tratamiento de la norma. No obstante, al requerirse un mínimo de 37 voluntades para la aprobación, la clave de la votación radica en la posición que adopten los senadores alineados con la Unión Cívica Radical y las fuerzas provinciales independientes, quienes aún evalúan el impacto territorial y político del proyecto en sus respectivas regiones.
Por su parte, desde el bloque gubernamental se muestran optimistas respecto a las posibilidades de alcanzar el quórum y consolidar la mayoría requerida en la sesión prevista. Dirigentes del espacio aseguran contar con las adhesiones suficientes para viabilizar el proyecto, mientras diversas organizaciones sociales, ambientales y sindicales convocan a movilizarse en el entorno del Congreso en rechazo a lo que consideran una entrega sistemática del patrimonio nacional a intereses corporativos trasnacionales.
