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El gobierno nacional formalizó el envío a la Cámara de Diputados de un nuevo proyecto de ley que profundiza el régimen conocido como de «inocencia fiscal», introduciendo modificaciones estructurales en el Impuesto a las Ganancias, la prescripción tributaria y el Régimen Penal Tributario, además de incorporar beneficios específicos para las grandes patronales agrarias que mantienen trabajadores no registrados.
La iniciativa elimina los topes de ingresos y los límites patrimoniales que hasta el momento restringían el acceso al régimen simplificado. De esta forma, quedan derogadas las exclusiones que pesaban sobre los denominados «grandes contribuyentes» por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), permitiendo que corporaciones de gran envergadura accedan a una menor carga impositiva, mayores garantías legales y la imposibilidad por parte del organismo recaudador de revisar o fiscalizar declaraciones juradas de períodos anteriores.
Asimismo, el proyecto redefine los márgenes de tolerancia y los cálculos vinculados a las diferencias en las declaraciones tributarias. Modifica los parámetros para determinar la figura de «evasión simple» dentro del régimen penal y establece que cualquier impugnación fiscal por parte de ARCA deberá superar un porcentaje elevado sobre los montos previstos, lo que en la práctica obstaculiza la investigación de maniobras fraudulentas y otorga un blindaje legal a los evasores.
En la misma línea, la normativa estipula que el organismo recaudador deberá indemnizar con intereses a aquellos contribuyentes que logren una resolución judicial o administrativa favorable tras una impugnación, un mecanismo que, según advierten los críticos, beneficiará fundamentalmente a los grandes actores económicos con capacidad de litigio, mientras restringe severamente la capacidad operativa y de investigación del Estado.
