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En el marco de la huelga nacional docente convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el panorama educativo en la provincia de Catamarca se presenta fragmentado tras la fijación de posturas contrapuestas entre las principales organizaciones sindicales. La Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca (ATECA) ratificó su plena adhesión a la protesta para la jornada de este lunes, alegando la necesidad de defender el derecho constitucional de huelga y respaldando la medida como un mecanismo de lucha por mejoras salariales y laborales. En contraposición, el Sindicato Docente de Catamarca (SIDCa) decidió no sumarse al paro y garantizar el dictado regular de las clases, argumentando que la prioridad de su gremio es resguardar la continuidad del calendario escolar en las instituciones locales.
Desde ATECA manifestaron un tajante rechazo a los controles e inspecciones anunciados por el Ministerio de Capital Humano del Gobierno nacional, remarcando que la autoridad educativa competente sobre el personal de la provincia es el Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca. La conducción del gremio subrayó que el derecho a huelga está amparado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y convenios internacionales, recordando además que la Justicia laboral mantiene suspendida la aplicación del régimen de esencialidad educativa y del piso de prestación del 75%. En este sentido, instaron a respetar la autonomía provincial y enfatizaron que ningún organismo nacional posee atribuciones legales para realizar fiscalizaciones directas o aplicar descuentos salariales sobre los docentes catamarqueños.
La convocatoria nacional articulada por CTERA responde a una batería de reclamos estructurales dirigidos al Ejecutivo central, entre los que destacan la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, un incremento salarial acorde a la inflación y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y del Fondo Compensador. A su vez, las entidades movilizadas exigen mayores inversiones en infraestructura escolar, refuerzo de comedores, becas y conectividad, sumado al rechazo formal a cualquier iniciativa de reforma previsional y al proyecto de ley de libertad educativa.
Por su parte, el Ministerio de Capital Humano de la Nación ratificó la realización de inspecciones muestrales en diversos establecimientos con la intención de monitorear el acatamiento de la medida y asegurar la prestación del servicio. Con resoluciones contrapuestas y una pronunciada disputa en el plano legal y administrativo entre la Nación y los gremios provinciales, la actividad efectiva en las aulas catamarqueñas estará condicionada al grado de adhesión particular que registre cada comunidad educativa a lo largo de la jornada.
