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De acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la pobreza en la Argentina ascendió al 30% y la indigencia se situó en el 6,5%, superando los registros de los dos trimestres precedentes. Este aumento marca el segundo incremento consecutivo en los índices sociales y representa la incorporación de aproximadamente 800.000 personas a la situación de pobreza en comparación con el segundo semestre de 2025, entre las cuales cerca de 100.000 han caído en la indigencia.
El deterioro de los indicadores sociales se produce en un contexto caracterizado por la pérdida de poder adquisitivo del salario, impulsada por topes en las negociaciones paritarias y sucesivos incrementos en las tarifas de servicios esenciales como luz, gas, agua y transporte público. Esta dinámica ha provocado que un porcentaje cada vez mayor de los ingresos familiares se destine a cubrir costos fijos de subsistencia, afectando el nivel general de consumo de la población.
A la par del encarecimiento del costo de vida, el mercado de trabajo refleja una contracción del empleo formal. La tasa de desocupación escaló del 6,9% registrado en el primer trimestre de 2023 al 7,8% en el mismo período de 2026, lo que representó la pérdida de más de 235.000 puestos de trabajo registrados. De manera simultánea, la tasa de informalidad laboral se elevó del 40,8% al 44,2%, evidenciando un trasvase del empleo asalariado protegido hacia ocupaciones no registradas y al cuentapropismo.
Según mediciones de la firma C-P Consultora, los trabajadores que fueron desvinculados del sector formal y reingresaron a la actividad económica a través del empleo informal experimentaron una pérdida media real del 14% en sus ingresos. Para aquellos que pasaron a desempeñarse en el sector público, la contracción fue del 5%, mientras que las personas que debieron volcarse al autoempleo o al trabajo por cuenta propia sufrieron una caída real proyectada en torno al 30% de sus retribuciones.
La expansión del trabajo independiente, las changas y las plataformas de reparto no responde a la consolidación de iniciativas emprendedoras, sino a la falta de puestos laborales estables en la economía formal. Referentes políticos del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U), como Gabriel Solano, atribuyen este escenario a las políticas oficiales de ajuste, la revisión a la baja de convenios colectivos y la eliminación de cerca de un millón de programas de asistencia social.
El panorama socioeconómico se completa con el debate parlamentario de proyectos impulsados por el oficialismo, como la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, criticada por diversos sectores sociales que advierten sobre un posible incremento en la conflictividad por el acceso a la vivienda y la tierra. Frente a este contexto, organizaciones sindicales y sociales han convocado a jornadas de movilización al Congreso y a concentraciones en distintos puntos del país para manifestar su rechazo a las medidas económicas vigentes y reclamar un cambio en la orientación de las políticas públicas.
