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Los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Salta, Gustavo Sáenz, diseñan una estrategia electoral y judicial para sortear las restricciones constitucionales y las impugnaciones opositoras que pesan sobre sus intenciones de competir por un tercer mandato consecutivo en sus provincias, apoyándose en el adelantamiento de los comicios locales y en una eventual ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la incorporación del juez federal Ariel Lijo.
El plan contempla acelerar el calendario electoral en ambos distritos para que las previsibles objeciones legales recaigan en primer término ante las cortes provinciales afines. De este modo, los mandatarios proyectan estirar los plazos hasta que los litigios lleguen al máximo tribunal nacional, con la expectativa de que para entonces se haya concretado una reforma del cuerpo que incluya a Lijo, magistrado que tras el rechazo de su pliego en el Senado podría reunir el aval de los mandatarios provinciales en el marco de una ampliación del número de jueces.
En Catamarca, Jalil promovió la limitación a la reelección indefinida al término de su primera gestión, aunque estableció que el cómputo de mandatos comenzara a regir a partir de su segundo ciclo al frente del Ejecutivo. Pese a que el peronismo local, conducido por Lucía Corpacci, promueve a Gustavo Saadi para confrontar con el oficialismo nacional, Jalil evalúa postularse tras recibir sondeos de dirigentes libertarios que le manifestaron su respaldo para continuar en el cargo.
Por su parte, el escenario en Salta presenta mayores complejidades constitucionales para Sáenz en comparación con sus pares regionales. El mandatario salteño afronta, además, la presión de La Libertad Avanza: Karina Milei definió a la provincia como un territorio con altas posibilidades de triunfo y ordenó fortalecer la candidatura de Emilia Orozco, alineada con Alfredo Olmedo, lo que motivó advertencias públicas de Sáenz respecto al endurecimiento de su vínculo con la Casa Rosada.
