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Las organizaciones que integran el movimiento piquetero y diversos sectores del sindicalismo clasista resolvieron convocar a una movilización para el próximo 7 de agosto, la cual marchará desde la estación Constitución hasta la Plaza de Mayo. La protesta tiene como eje central el rechazo a la interrupción de la asistencia económica para casi un millón de beneficiarios del programa Volver al Trabajo, una medida dispuesta por el Gobierno nacional que afecta de manera directa a 929.677 personas en todo el país.
Según argumentan las agrupaciones convocantes, la eliminación del cobro mensual de 78.000 pesos —un monto que permanecía sin actualización desde hacía tres años— representa un duro golpe a la subsistencia de familias vulnerables y a la economía popular. Los trabajadores afectados cumplen funciones comunitarias socialmente necesarias, como el mantenimiento de comedores populares, la asistencia a la infancia, el apoyo escolar y la contención en barrios marginados. La interrupción de estos ingresos amenaza con paralizar tareas esenciales que suplen carencias estatales en zonas con altos índices de pobreza, desocupación e inseguridad.
La suspensión del programa implica un impacto económico directo en el consumo de proximidad. Se calcula que la medida retirará del circuito comercial de barrio más de 72.000 millones de pesos al mes en todo el territorio nacional, afectando las economías locales y la recaudación de los municipios y provincias. A modo de ejemplo, el recorte representará una pérdida mensual de 33.000 millones de pesos en la provincia de Buenos Aires, 4.100 millones en Tucumán y más de 3.000 millones en Chaco, lo que coloca a numerosos comercios pequeños al borde del cierre y profundiza el endeudamiento de las familias perjudicadas.
La concreción del recorte se produce tras una batalla judicial en la que el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, apeló el fallo de un juez de San Martín que inicialmente había frenado la medida mediante una acción de amparo. Tras la intervención de la cámara de apelaciones de esa jurisdicción, la cartera nacional quedó habilitada para suspender los pagos a partir del presente mes. Frente a las explicaciones oficiales que aseguran que el esquema continuará mediante "vouchers de capacitación sin remuneración", las organizaciones sociales denuncian que dichas instancias formativas no existen en la práctica y que la falta de empleo en el país responde a causas estructurales de la economía y no a la falta de formación de los trabajadores.
La movilización del 7 de agosto es la continuidad de un plan de lucha que tuvo un antecedente reciente el 22 de julio pasado, con un piquete nacional cuya cabecera en el Puente Pueyrredón enfrentó el despliegue de las fuerzas de seguridad federales. Para coordinar la nueva jornada de protesta, el Polo Obrero encabezó un plenario del área metropolitana con la participación de más de 230 delegados de 28 distritos, donde se sumó el respaldo de referentes y comisiones internas de sindicatos como el Sutna (fábrica Fate), Suteba Matanza, el Hospital Garrahan, Foetra, Ademys y gremios universitarios y no docentes de la Universidad de Buenos Aires.
A diferencia de las convocatorias impulsadas por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) junto a la CGT y las CTA, el bloque de organizaciones independientes remarca su distancia con la conducción de las centrales sindicales tradicionales. El espacio demanda la profundización de las medidas de fuerza mediante un plan de lucha nacional que confluya en una huelga general, al tiempo que llama a ganar masivamente las calles para cuestionar el conjunto del programa económico y legislativo promovido por la administración de Javier Milei.
