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La definición sobre el emplazamiento de la Zona Franca en el departamento Tinogasta generó fuertes objeciones hacia la dirigencia política departamental. El dirigente José María Rasgido cuestionó públicamente las intervenciones de la senadora Pamela Jaquelina López y del diputado nacional David Sebastián Nóblega, a quienes acusó de omitir instancias de consulta territorial previa y de fijar posturas unilaterales en detrimento de un acuerdo institucional entre los municipios de Fiambalá y Tinogasta.
Las declaraciones fueron emitidas durante una entrevista, donde Rasgido enfatizó la responsabilidad inherente a las bancas legislativas de representación departamental. Desde su perspectiva, los funcionarios electos tienen el deber de promover la articulación equilibrada entre ambas comunidades, evitando resoluciones o declaraciones que alimenten tensiones de orden localista o polaricen el escenario territorial.
En relación con el rol de la senadora Pamela López, el referente territorial rechazó que la legisladora ratificara la instalación de la Zona Franca en la ciudad cabecera sin haber mediado canales de deliberación formal con el ejecutivo o el legislativo de Fiambalá. Rasgido calificó este accionar como una falta de integración democrática en la toma de decisiones que impactan a toda la región.
Asimismo, apuntó contra las manifestaciones del diputado nacional Sebastián Nóblega en favor del ejido tinogasteño. El dirigente refutó que las advertencias públicas para apaciguar el debate hayan sido oportunas, señalando que la polarización se desató a partir de determinaciones tomadas de espaldas a la jurisdicción vecina. Subrayó que el mecanismo institucional adecuado requería convocar a los intendentes y concejales de ambos municipios para consensuar una estrategia técnica y económica común.
En el plano productivo, Rasgido fundamentó la legitimidad del reclamo de Fiambalá en base a su gravitación económica actual, traccionada por la radicación de los principales proyectos mineros del distrito. A su juicio, el impacto directo de esta actividad sobre el territorio convierte a la localidad en un punto neurálgico que debe ser ponderado de manera técnica antes de cualquier ratificación definitiva.
Finalmente, el referente explicitó su alineamiento con el reclamo de su comunidad de origen y ratificó su respaldo para que el complejo logístico-aduanero se localice en Fiambalá, instando a las autoridades competentes a reabrir el análisis territorial sobre bases de consenso y representatividad equitativa.
