Represión frente al Congreso: gases, balas de goma y más de 250 asistidos durante la marcha contra la Ley de Propiedad Privada

Una multitudinaria manifestación en las inmediaciones del Congreso de la Nación derivó en un violento despliegue de las fuerzas de seguridad en el marco del debate legislativo sobre el proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. La jornada estuvo marcada por el uso intensivo de gases lacrimógenos, disparos de balas de goma y el accionar de carros hidrantes, lo que dejó un saldo de cientos de manifestantes asistidos, varios detenidos y trabajadores de prensa lesionados.

El operativo de seguridad, integrado por efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de la Ciudad, avanzó durante la tarde sobre la Plaza de los Dos Congresos para aplicar el protocolo antipiquetes. Según fuentes oficiales, la intervención comenzó luego de que un grupo de manifestantes derribara una de las vallas del perímetro de contención. A partir de las 17 horas, y bajo una persistente lluvia, las fuerzas comenzaron el despeje del área disparando balas de goma en dirección al torso de la multitud y lanzando gases que cubrieron rápidamente la plaza y las arterias adyacentes.

La tensión se extendió hacia las avenidas linderas con el ingreso de camiones hidrantes por la intersección de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, desplazando a la gente hacia las aceras. De manera simultánea, unidades de la Gendarmería avanzaron en el cruce de Callao y Bartolomé Mitre, combinando el disparo de proyectiles de goma con nuevos gases para dispersar a las columnas que intentaban reagruparse.

En cuanto al impacto en la salud de los asistentes, organizaciones de asistencia médica como la Posta de Salud y Cuidados y el CeProDH reportaron la atención de más de 250 personas tras las cargas policiales. Por su parte, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) confirmó la asistencia a decenas de afectados por sofocación e irritación por gases, así como el traslado de emergencia de una fotógrafa al Hospital Argerich debido a un traumatismo de cráneo provocado presuntamente por el impacto de una bala de goma, manteniéndose consciente durante la derivación.

Respecto a las detenciones, las cifras reportadas mostraron disparidades según el organismo consultado: mientras una fuente precisó un total de 12 personas aprehendidas, voceros de la Policía Federal indicaron la detención de diez manifestantes imputados por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad. En ambos informes se coincidió en que los arrestos se produjeron de forma simultánea en distintos sectores del operativo.

El desempeño policial contra los trabajadores de prensa generó fuertes repudios. Además del traslado de la fotógrafa hospitalizada, diversos comunicadores denunciaron haber sido apuntados directamente por los efectivos mientras registraban los hechos, resultando también herida una periodista del medio La Izquierda Diario, lo que reinstaló la preocupación por las condiciones de seguridad en la cobertura de protestas callejeras.

La movilización, convocada pasadas las 12 del mediodía por sindicatos, organizaciones sociales y agrupaciones políticas bajo el lema "la patria no se vende", mantuvo una alta convocatoria a pesar de que el Poder Ejecutivo había retirado previamente del proyecto el articulado que autorizaba la venta de grandes extensiones de tierras a extranjeros. La permanencia de la marcha se justificó en el rechazo a otros puntos controversiales, tales como las reformas a la Ley de Manejo del Fuego, la figura de los desalojos exprés y modificaciones de fondo en el Código Civil. En el lugar se hizo presente la dirigencia política, entre ellos Axel Kicillof y Myriam Bregman, para repudiar el accionar de las fuerzas federales.

Este nuevo episodio volvió a colocar en el centro de la controversia la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de Javier Milei ante la protesta social. En momentos en que prosigue la discusión parlamentaria, el nivel de violencia desplegado en las calles desplazó de forma paulatina el debate estrictamente legislativo hacia los límites en el uso del aparato de fuerza estatal y la garantía del derecho a la manifestación.