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El debate en el Senado sobre el proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada derivó en un duro revés para la estrategia parlamentaria del Poder Ejecutivo argentino. Tras intensas jornadas de movilización social y una creciente resistencia en las calles, el bloque oficialista se vio forzado a retirar del texto original los artículos que buscaban reformar la Ley de Manejo del Fuego, sumándose esta concesión a la previa eliminación del capítulo de extranjerización de tierras.
El apartado referido al Manejo del Fuego constituía uno de los ejes más cuestionados por organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición. La propuesta oficial pretendía derogar restricciones clave que impiden la modificación del uso del suelo en áreas forestales y humedales arrasados por incendios, mecanismo diseñado para desincentivar la especulación inmobiliaria y agropecuaria. La falta de consenso y el rechazo popular precipitaron la decisión del oficialismo de dar marcha atrás con estos cambios minutos antes de someter la iniciativa a votación general.
Esta retirada se sumó a la caída previa del capítulo sobre la Ley de Tierras Rurales, que contemplaba la flexibilización de los límites a la propiedad de terrenos en manos de extranjeros. La conjunción de la presión gremial, social y eclesiástica dejó al descubierto las fracturas en los acuerdos legislativos del gobierno, que debió resignar gran parte de la columna vertebral de su proyecto para evitar una derrota total en el recinto.
Pese al recorte del articulado, la Cámara alta terminó otorgando la media sanción al proyecto simplificado con 37 votos a favor y 33 en contra, girando la iniciativa a la Cámara de Diputados para su posterior revisión. La versión aprobada preserva modificaciones en el régimen de expropiaciones e introduce mecanismos de desalojo acelerado, puntos que continúan generando fuerte controversia jurídica y social.
Mientras en el interior del recinto se desarrollaba la sesión, en las inmediaciones del Congreso de la Nación se concentraron miles de manifestantes convocados por sindicatos, agrupaciones sociales, partidos políticos y colectivos ecológicos. La jornada estuvo marcada por una marcada tensión, en el marco de una convocatoria nacional de protesta impulsada contra las medidas gubernamentales.
El operativo de seguridad desplegado alrededor del palacio legislativo derivó en severos enfrentamientos. Las fuerzas federales emplearon carros hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar las columnas de protesta, dejando un saldo de decenas de manifestantes heridos y múltiples personas detenidas por supuestos delitos de resistencia a la autoridad.
La resolución del debate parlamentario evidencia cómo la movilización en las calles logró condicionar la agenda legislativa del oficialismo. Aunque el proyecto avanzó hacia la Cámara baja en su tramitación formal, las sustanciales modificaciones sufridas representan un claro límite impuesto por la protesta popular al programa del Gobierno.
