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El Poder Ejecutivo Nacional puso en marcha una ofensiva política hacia las provincias con la mirada puesta en consolidar su plan de reelección para 2027 y garantizar el avance de la reforma política en el Congreso. Luego de sufrir severos traspiés en el ámbito legislativo, la Casa Rosada desplegó una estrategia condicionante sobre los mandatarios subnacionales, advirtiéndoles que la decisión del oficialismo de no presentar listas de candidatos propios en sus distritos estará estrictamente sujeta a que respalden iniciativas clave en el Senado, en especial la suspensión o eliminación de las elecciones primarias (PASO).
En el marco de este operativo, el oficialismo coordinó acciones a través de dos emisarios clave. Por un lado, Diego Santilli encabezó gestiones directas en Posadas durante la Cumbre de Gobernadores del Norte Grande, donde los líderes provinciales reclaman compensaciones económicas y fondos para infraestructura vial. En forma paralela, Eduardo "Lule" Menem intensificó contactos informales con los mandatarios radicales con el propósito de garantizar el apoyo del bloque de la UCR en la Cámara Alta, cuyos diez senadores resultan decisivos para el quorum y la aprobación de la reforma electoral impulsada por Karina Milei.
El endurecimiento de la postura gubernamental ocurre tras la marcada distancia tomada por mandatarios peronistas aliados, quienes en los últimos días rechazaron puntos neurálgicos de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, como la extranjerización de tierras y los cambios en el régimen de manejo del fuego. Ante el creciente desgaste en los apoyos provinciales, el Palacio de Gobierno busca evitar el quiebre definitivo del diálogo negociando acuerdos puntuales vinculados a proyectos de alcance económico, tales como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el esquema tarifario de Zonas Frías.
Por su parte, la agenda de los jefes provinciales no solo contempla la discusión electoral, sino que vuelve a focalizarse en urgencias fiscales y de infraestructura pública. Mandatarios del litoral formalizarán demandas por el deterioro de rutas nacionales clave tras admitirse subejecuciones en fondos de obras viales, al tiempo que reflotan propuestas para lograr la automaticidad en la transferencia del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). De esta manera, el escenario parlamentario ingresa en una etapa determinante donde la Casa Rosada medirá su capacidad real de contención sobre los bloques provinciales antes de encarar el año electoral.
