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Un reciente sondeo de opinión pública de la consultora Zuban Córdoba determinó que Cristina Fernández de Kirchner ostenta un 47,3% de imagen positiva en la provincia de Catamarca, desatando un fuerte impacto político en el peronismo debido al desafío de resolver las candidaturas presidenciales con su dirigente más competitiva privada de la libertad y con derechos políticos cuestionados judicialmente.
De acuerdo con los datos recabados en territorio catamarqueño, la exjefa de Estado —quien además registra un 52% de imagen negativa— supera ampliamente en consideración al gobernador local, Raúl Jalil, quien cosecha un 40,3% de adhesión favorable. Dentro del arco peronista de dicha provincia, la expresidenta sólo se ubica por detrás del intendente Gustavo Saadi (56,7%) y de la senadora Lucía Corpacci (54,9%). Asimismo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof obtuvo en el mismo distrito un 27,6% de imagen positiva, quedando rezagado respecto a la referente nacional.
La cifra no sólo diluye las intenciones de reelección que impulsaban sectores cercanos a Jalil frente a la alternativa de Saadi y Corpacci, sino que confirma una pauta que el justicialismo detecta en diversas jurisdicciones del interior, donde la exmandataria mantiene pisos que superan el 40%. A la par, focus groups realizados por La Cámpora en el Conurbano bonaerense exhiben un cambio de perspectiva en jóvenes que, tras cuestionar a la política durante los primeros años del mandato de Javier Milei, hoy asocian la figura de la exmandataria con el poder adquisitivo, la capacidad de consumo y el bienestar que gozaban sus familias en sus mandatos.
Frente a la dificultad de que la Corte Suprema revise las sentencias que pesan sobre su figura, la conducción del kirchnerismo proyecta que el caudal electoral medido le otorgue a Cristina Kirchner la potestad de ordenar la estrategia y definir las postulaciones partidarias desde su domicilio de la calle San José. En tanto, analistas como el consultor Hugo Haime destacan que, si bien la expresidenta retiene un núcleo potente y capitaliza el malestar económico, persiste el desafío de su techo electoral histórico y una opinión pública donde más del 60% respalda las condenas en su contra, lo que obligará a una resolución pragmática del armado general.
