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La profunda contracción del empleo registrado en la Argentina ha provocado un severo desplome en el acceso a la atención médica para las familias trabajadoras, registrándose una pérdida de más de un millón de afiliados en las obras sociales nacionales desde finales de 2023. Esta retracción impacta de forma directa sobre el esquema de protección social del país, desfinanciando las prestaciones de salud y empujando a cientos de miles de hogares hacia la desprotección sanitaria como consecuencia directa de la destrucción de puestos laborales formales.
Los rubros más castigados por la caída de empleo concentran los porcentajes más altos de desvinculación médica, destacándose contracciones pronunciadas en las obras sociales de la construcción, el comercio, el sector estatal, las actividades rurales y la industria petrolera. Como contraparte, la única entidad que mostró un crecimiento exponencial de afiliados fue la vinculada a los monotributistas, reflejando el avance de la precarización y la informalidad laboral en un mercado de trabajo que atraviesa reformas regresivas y un abaratamiento general de la mano de obra.
A la pérdida de cobertura por despidos se suma el incremento desmedido en las cuotas de la medicina prepaga tras su desregulación, cuyos precios sobrepasaron holgadamente los índices de inflación y volvieron inaccesibles los planes privados. Según los últimos relevamientos oficiales, más de doce millones de personas carecen actualmente de cualquier tipo de cobertura médica privada u obra social, siendo la población joven la más afectada, ya que prácticamente la mitad de las personas entre 15 y 29 años depende hoy de manera exclusiva del sistema sanitario estatal.
Esta migración masiva de usuarios hacia los hospitales y centros de salud públicos genera una presión sin precedentes sobre una infraestructura estatal golpeada por los recortes presupuestarios y el vaciamiento institucional. Ante un escenario en el que el acceso a la salud pública se torna cada vez más crítico, diversos sectores gremiales y sociales reclaman la urgente preservación del empleo formal, el fin de la precarización laboral y un financiamiento adecuado para garantización de la atención médica universal.
