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La diputada nacional Marcela Pagano presentó una grave acusación contra la administración de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, señalando la existencia de un esquema sistemático de desvío de fondos públicos que ascendería a cerca de 4.000 millones de dólares. Según la legisladora, que formalizará la denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py bajo las figuras de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y abuso de autoridad, el Poder Ejecutivo retiene de manera indebida recaudaciones impositivas con asignación específica para destinarlas a colocaciones financieras y apuntalar artificialmente las metas de superávit y equilibrio fiscal.
La maniobra denunciada abarca partidas destinadas a infraestructura hídrica, saneamiento, prevención de inundaciones y subsidios al transporte público de pasajeros, tanto ferroviario como automotor. En el caso puntual del Fondo Hídrico, Pagano advirtió que de los 375.000 millones de pesos recaudados desde 2024 solo se ejecutó el 31 %, mientras que el 88 % restante fue colocado en títulos y Letras del Tesoro, provocando la paralización de 28 proyectos clave, entre ellos el Plan Maestro del Río Salado. Un mecanismo similar se detectó en el Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) y en el Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau), donde gran parte de los recursos fueron congelados.
Esta nueva presentación judicial se suma a la causa previa que tramita en el Juzgado Federal N.º 10 por irregularidades en el Sistema Vial Integrado (Sisvial), en la cual se investiga la derivación de más de un billón de pesos que debían utilizarse en el mantenimiento de rutas hacia instrumentos financieros de corto plazo y operaciones de negociación política. Para la legisladora denunciante, el esquema vial representó únicamente la punta del iceberg de un mecanismo generalizado de retención de recursos que no se ejecutaron en obras públicas a lo largo de los últimos tres años para sostener la narrativa económica del oficialismo.
Frente a las acusaciones, desde el Poder Ejecutivo desestimaron la existencia de irregularidades penales y defendieron la gestión de los recursos estatales. Durante su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier negó que se trate de malversación o delito, argumentando que el Gobierno respeta las partidas presupuestarias y que el dinero no ejecutado de inmediato en obras o mantenimiento se invierte en instrumentos financieros con el objetivo de preservar su poder adquisitivo frente a la inflación dentro de un nuevo paradigma de obra pública.
