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El colectivo de ciudadanos y organizaciones sociales lleva adelante una masiva movilización hacia el Ministerio de Economía para visibilizar la crítica situación financiera que atraviesan millones de familias en el país. El reclamo principal surge ante el abultado incremento de la morosidad y las elevadas tasas de interés aplicadas a los créditos de consumo, herramientas a las que recurren sectores trabajadores y pasivos para poder cubrir los gastos de la canasta básica cotidiana.
De acuerdo con los datos difundidos por distintas entidades de seguimiento económico y relevamientos oficiales, el universo de personas que mantienen algún tipo de financiación activa asciende a unos 20 millones, de los cuales cerca de 6 millones se encuentran en situación irregular de pagos. Esta problemática de sobreendeudamiento afecta de manera directa la salud mental y la estabilidad de los hogares, convirtiendo las deudas bancarias y digitales en compromisos imposibles de cancelar bajo las condiciones actuales.
Frente a este escenario de crisis silenciosa, los sectores organizados exigen la intervención urgente del Estado nacional y la implementación de mecanismos de refinanciación accesibles, así como límites regulatorios a las tasas usurarias de interés. Los manifestantes rechazan la postura oficial de considerar este fenómeno como un asunto estrictamente privado entre particulares, exigiendo medidas y respuestas concretas que alivien el peso de las obligaciones financieras sobre los ingresos populares.
La protesta refleja el contraste entre los indicadores macroeconómicos y la realidad diaria que golpea el consumo interno y la capacidad de supervivencia de gran parte de la población. Mientras el Gobierno defiende su política de estabilidad y control de variables financieras, el reclamo en las calles pone de relieve la urgencia de establecer políticas públicas orientadas a proteger los ingresos y rescatar a los sectores sociales atrapados en la insolvencia.
