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La Cámara de Apelaciones llevó a cabo una audiencia clave en el marco de la causa que investiga al diputado provincial Javier Galán por presuntos delitos contra la integridad sexual. Durante la sesión, la defensa del legislador solicitó la caducidad de la instancia alegando el vencimiento del plazo de dos meses fijado por el artículo 20 del Código Procesal Penal para concluir la investigación, postura que fue rechazada tanto por la querella como por el Ministerio Público Fiscal.
Frente al pedido de prescripción o nulidad, la fiscal Alejandra Ruth Antonino sostuvo que la caducidad responde a la inactividad procesal y no al mero paso del tiempo, remarcando que el expediente avanzó sin tiempos muertos desde la intervención del Juzgado de Garantías. Asimismo, argumentó que las demoras fueron producto de las sucesivas presentaciones de la propia defensa, lo que configuraría una «caducidad provocada» con el fin de obstaculizar el avance judicial y vulnerar el derecho a una tutela judicial efectiva de las presuntas víctimas.
Antonino advirtió además que los fueros parlamentarios existen para resguardar la función pública y no para eludir la acción de la Justicia en una causa de índole penal. En ese marco, fundamentó que al tratarse de denuncias de violencia de género y abusos hacia mujeres, las leyes locales deben armonizarse con los mandatos de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos, los cuales impiden utilizar trabas formales para frenar investigaciones exhaustivas.
Al término del debate, los jueces de la Cámara de Apelaciones pasaron a deliberar y confirmaron que emitirán su resolución definitiva el próximo 1 de septiembre, a través de dos audiencias programadas a las 10:30 y 11:00 horas.
