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En una extensa jornada parlamentaria, la Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción a tres proyectos legislativos de alto impacto: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la ley de Inocencia Fiscal II y el Tratado de Patentes, este último girado nuevamente al Senado. El paquete de reformas económicas promovido por el oficialismo cosechó amplias mayorías en el recinto, aunque puso en evidencia marcadas diferencias y reacomodamientos estratégicos en el seno de la representación de Catamarca en la Cámara Baja.
Durante el tratamiento de la modificación de la Carta Orgánica del BCRA —aprobada con 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones—, los cinco legisladores catamarqueños adoptaron tres posturas dispares. El libertario Adrián Brizuela respaldó de forma contundente la iniciativa gubernamental, mientras que los diputados del bloque Encuentro Catamarqueño (Elijo Catamarca), Sebastián Nóblega, Fernanda Ávila y Fernando Monguillot, optaron por abstenerse. Por su parte, Claudia Palladino, de Unión por la Patria, fue la única representante de la provincia en votar en contra de la reforma monetaria.
El escenario político provincial cambió de forma sustancial al momento de someter a votación el proyecto de Inocencia Fiscal II, el cual fue convalidado a nivel general con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones. En esta oportunidad, Nóblega, Ávila y Monguillot sumaron sus votos afirmativos al de Brizuela, configurando una amplia mayoría catamarqueña de cuatro adhesiones frente al único rechazo de Palladino, quien ratificó su posición opositora a las reformas impulsadas por el Ejecutivo nacional.
En el plano técnico, la reforma del Banco Central redefine su misión al fijar como meta prioritaria y excluyente la preservación del valor de la moneda, eliminando los fines de fomento del empleo y desarrollo con equidad social vigentes desde 2012 y restringiendo la emisión para financiamiento estatal. Paralelamente, la normativa de Inocencia Fiscal II amplía el universo de beneficiarios hasta diciembre de 2027 al suprimir los topes patrimoniales de $10.000 millones y de ingresos anuales de $1.000 millones, estableciendo un esquema simplificado y con menor presunción de evasión para los contribuyentes.
