Proyecciones privadas anticipan un avance de la pobreza hacia el 31,6% y mayor precarización laboral

Durante septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer los principales indicadores socioeconómicos correspondientes al primer semestre de 2026, en un escenario donde las proyecciones privadas anticipan un deterioro en los niveles de pobreza y una mayor fragilidad en el mercado laboral frente a las políticas del gobierno de Javier Milei. Estas publicaciones oficiales pondrán a prueba la narrativa oficial frente a la precarización de los ingresos y el impacto en las condiciones de vida de la población, en el marco de un esquema económico que profundiza la brecha de desigualdad estructural.

El 24 de septiembre se difundirán las cifras oficiales de pobreza e indigencia del primer semestre, luego de que el último registro del cierre de 2025 marcara un 28,2% de pobreza y un 6,3% de indigencia en los 31 aglomerados urbanos. Estimaciones de la Universidad Torcuato Di Tella proyectan que la pobreza trepó al 31,6% en la primera mitad del año —alcanzando el 32,7% en el segundo trimestre—, lo que representaría a 9,4 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad; en consonancia, relevamientos de la Consultora W señalan que el 30% de la población percibió ingresos familiares promedio de un millón de pesos, quedando por debajo de la canasta básica.

En el plano laboral, el INDEC publicará el 17 de septiembre las tasas de actividad, empleo y desocupación del segundo trimestre, con previsiones del Banco Central que ubican el desempleo en torno al 7,7%, por encima de igual período del año previo. Paralelamente, informes de consultoras privadas como Econviews alertan sobre una caída interanual del 4,1% en el empleo asalariado registrado —con una pérdida estimada de 89.000 puestos formales privados entre febrero y mayo— y una disminución en los procesos de selección de personal, contrarrestada únicamente por el avance del cuentapropismo y la informalidad laboral.

La persistencia de este ciclo regresivo y la falta de movilidad social ascendente fueron advertidas en un reciente estudio del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el cual evidenció cómo la precariedad familiar condiciona el futuro de los jóvenes de 18 a 25 años. El relevamiento constata una marcada disparidad estructural: mientras el 34,2% de los jóvenes de sectores vulnerables no estudia ni trabaja y solo el 14,2% logra insertarse en un empleo formal con plenos derechos, en los estratos de mayores ingresos la inactividad desciende al 8,3% y la dedicación exclusiva al estudio supera el 41%.