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Una serie de discrepancias contables entre los balances del Gobierno Nacional y los registros de la Ciudad de Buenos Aires reveló que el Ministerio de Economía omitió asentar transferencias por casi un billón de pesos en lo que va del año. De acuerdo con las planillas oficiales porteñas del segundo trimestre, la administración capitalina percibió más de 675.000 millones de pesos durante el primer semestre y aproximadamente 250.000 millones adicionales entre julio y agosto en cumplimiento de la medida cautelar de la Corte Suprema sobre coparticipación. Pese a haber desembolsado efectivamente dichos fondos, el Estado Nacional apenas reconoció un giro de 87.783 millones en febrero, lo que dejó fuera de la contabilidad oficial una suma equivalente al 10% del superávit primario acumulado.
La omisión de estos giros modifica de manera sustancial la solidez del frente fiscal exhibida ante el Fondo Monetario Internacional y los mercados financieros. Mientras la Secretaría de Hacienda notificó un superávit primario de 7,3 billones de pesos y un saldo financiero favorable de 1,45 billones para la primera mitad del ejercicio, la incorporación de las erogaciones acreditadas por el distrito porteño recorta el resultado primario a 6,7 billones y reduce el balance financiero casi a la mitad, situándolo en torno a los 790.000 millones de pesos. Este desfase también se replicó en las mediciones de julio, donde no se contemplaron entre 120.000 y 140.000 millones de pesos derivados del cumplimiento judicial.
El origen técnico de esta maniobra responde al litigio por la coparticipación federal que fijó para la Ciudad el 2,95% de la masa coparticipable, frente al 1,4% establecido por la Ley 27.606 sancionada en 2020. En la práctica, el Poder Ejecutivo nacional ejecuta el goteo automático del porcentaje normado por ley, pero canaliza el 1,55% restante de forma paralela sin asentar el gasto en la ejecución presupuestaria formal. A diferencia de compromisos de deuda como la capitalización de intereses en Lecap o bonos CER, este mecanismo implicó una salida real y concreta de recursos del Tesoro que no figura en los cómputos oficiales de erogaciones públicas.
La omisión de estos desembolsos encendió alertas entre analistas financieros y actores del mercado, quienes advierten sobre la existencia de otros pasivos no devengados en un escenario marcado por la retracción de la recaudación tributaria. Especialistas del sector señalan que, si se computaran tanto las transferencias devengadas a las provincias como el costo mensual de financiamiento no declarado —que ronda los dos billones de pesos por mes—, el superávit reportado desaparecería para dar paso a un déficit financiero real de gran magnitud, poniendo en entredicho la sustentabilidad del ancla fiscal del programa económico.
