Ushuaia proyecta una ley para penalizar a buques y empresas que abastecen a Malvinas desde puertos chilenos

El Gobierno de Tierra del Fuego comenzó a delinear un proyecto de ley con el propósito de sancionar económicamente a las empresas que participen del corredor logístico y marítimo entre el sur de Chile y las Islas Malvinas. La iniciativa, promovida por la administración de Gustavo Melella, busca encarecer de manera sustancial las operaciones comerciales y de abastecimiento hacia el archipiélago para desgastar la viabilidad económica de la presencia británica en la zona y forzar la reapertura de las negociaciones de soberanía en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas.

El secretario de Malvinas y Asuntos Internacionales provincial, Andrés Dachary, detalló que la normativa pretende tipificar el uso de infraestructura fueguina y hacer valer los alcances jurisdiccionales en materia de navegación marítima. Las autoridades locales sostienen que las embarcaciones que parten desde la boca oriental del Estrecho de Magallanes atraviesan necesariamente aguas territoriales provinciales y el Mar Argentino, por lo que el esquema sancionatorio se articulará junto a disposiciones como el Decreto 256 para ejercer un control efectivo sobre las naves que prestan servicios al enclave británico.

La medida abre a su vez un foco de debate diplomático con sectores chilenos, donde las autoridades fueguinas marcaron una distinción clara entre el respaldo formal de la Cancillería trasandina a los derechos soberanos argentinos y las actitudes de funcionarios comunales del sur de Chile que facilitan enlaces comerciales con las islas. Desde Ushuaia cuestionaron la condescendencia de gobernantes locales de la región de Magallanes frente a la ocupación colonial, advirtiendo que este tipo de corredores privados consolida una red logística que disminuye los costos operativos de quienes explotan ilegalmente los recursos del Atlántico Sur.

La estrategia provincial se inscribe dentro del alerta constante de Tierra del Fuego frente a los avances en la exploración y explotación hidrocarburífera offshore en la cuenca norte de Malvinas, en particular el proyecto Sea Lion. Al respecto, desde el gobierno fueguino recordaron las denuncias presentadas ante la Cancillería de la Nación contra las petroleras involucradas y demandaron un plan de acción estatal riguroso, coherente y sostenido en el tiempo para defender los intereses y recursos naturales de la provincia frente al colonialismo.