Acoso, violencia y control médico forzado: los detalles de la nueva demanda contra Julio Iglesias

El cantante español Julio Iglesias enfrenta una grave ofensiva legal tras la presentación de una nueva querella en los tribunales de España, impulsada por dos exempleadas que lo acusan formalmente de agresión sexual, acoso continuado y trabajo forzado. Los episodios denunciados habrían tenido lugar durante el año 2021 en las exclusivas residencias que el intérprete posee en Las Bahamas y Punta Cana, lugar donde prestaban servicio una antigua empleada doméstica y una fisioterapeuta.

La representación jurídica de ambas mujeres está a cargo de la organización Women's Link Worldwide, entidad que reactivó la vía penal después de que la Audiencia Nacional archivara un primer expediente en enero al declararse territorialmente incompetente. Pese a aquel revés, el equipo letrado argumenta que la justicia española está facultada para investigar el caso bajo la legislación que autoriza procesar delitos graves cometidos por sus ciudadanos fuera del territorio nacional, con la condición de que las conductas estén tipificadas legalmente en las naciones de origen.

El texto de la acusación detalla que las víctimas no solo fueron blanco de ataques físicos y vejaciones constantes, sino que además quedaron sometidas a controles arbitrarios e invasivos sobre su salud. Entre las imposiciones descritas figuran exigencias obligatorias como revisiones ginecológicas periódicas, test de embarazo continuos y exámenes para la detección de enfermedades de transmisión sexual, prácticas que habrían vulnerado gravemente sus derechos humanos y laborales.

Frente a la gravedad de los señalamientos, el artista de 82 años negó de forma terminante los hechos, tildó las imputaciones de "absolutamente falsas" y aseguró no haber ejercido jamás coacción ni abuso contra ninguna persona de su entorno. Paralelamente, la ONG patrocinante remarcó que las instituciones del Estado español tienen el deber de garantizar un proceso judicial imparcial y transparente en favor de las denunciantes, sin que la notoriedad o influencia pública del artista interfiera en la búsqueda de justicia.