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A partir de este sábado entra en plena vigencia en Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma legal que deroga el marco normativo vigente desde 1980 y fija en 14 años la edad a partir de la cual los adolescentes pueden ser sometidos a un proceso penal por delitos tipificados en el Código Penal. El nuevo esquema busca responsabilizar legalmente a los jóvenes por sus actos, pero priorizando al mismo tiempo medidas orientadas a la resocialización, la educación y la inserción social, dejando en claro que la persecución judicial no derivará automáticamente en el encierro carcelario de los menores involucrados.
El marco regulatorio contempla un abanico de sanciones alternativas para aquellos delitos con escalas que van de los tres a los diez años de prisión. Entre estas opciones se destacan la imposición de reglas de conducta, la reparación obligatoria del daño causado, restricciones perimetrales de acercamiento, tareas comunitarias y pedagógicas, amonestaciones formales y la supervisión mediante tobilleras o pulseras electrónicas. Para los crímenes de mayor gravedad, la normativa prohíbe de manera terminante la reclusión o prisión perpetua, estableciendo un tope de 15 años de pena privativa de la libertad con posibilidad de acceder a la libertad condicional a los dos tercios del cumplimiento.
Asimismo, la ley fija pautas rigurosas para las condiciones de detención, prohibiendo expresamente que los menores compartan celdas o espacios de encierro con adultos y obligando a su alojamiento en institutos especializados, regímenes abiertos o arresto domiciliario con personal capacitado. La legislación también refuerza la protección absoluta de la identidad del imputado, prohibiendo la publicación de fotos, nombres o domicilios, a la par que fortalece la participación procesal de las víctimas y estipula la responsabilidad civil directa de los progenitores por los daños que generen los actos ilícitos cometidos por sus hijos.
Pese a su puesta en marcha, la reforma despierta preocupación en distintos fueros de la Justicia de Menores ante el previsible incremento de expedientes judiciales que deberá tramitar el sistema. Diversos operadores judiciales advirtieron sobre los desafíos operativos inmediatos y manifestaron reparos en torno a la escasez de recursos presupuestarios, la limitada infraestructura edilicia, la disponibilidad de dispositivos de vigilancia electrónica y el faltante de equipos técnicos interdisciplinarios necesarios para ejecutar y supervisar de forma integral las nuevas medidas.
