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La organización ambientalista Greenpeace emitió una advertencia sobre la creciente ola de desalojos forzados y desmontes que afecta a diversos territorios ancestrales en Argentina, acusando la connivencia de decisiones gubernamentales y fallos judiciales que vulneran las garantías consagradas en la legislación vigente. El reclamo expuso situaciones críticas que atraviesan pueblos originarios en provincias como Misiones, Jujuy, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro y Chubut, focalizando con especial gravedad en Salta, donde se denuncia una embestida institucional articulada desde los tres poderes del Estado provincial contra las comunidades.
El foco del conflicto salteño abarca múltiples escenarios donde el avance sobre el monte nativo y la tierra comunitaria amenaza la subsistencia de los pobladores. En Tartagal, referentes de la comunidad wichí de la ruta 86 y organizaciones sociales denunciaron penalmente la deforestación mediante el método de cadeneo que lleva adelante la firma DesdelSur, sin obtener respuesta oficial por parte del Ejecutivo provincial. A este escenario se suma el caso de la Comunidad Diaguita Calchaquí Las Pailas, en Cachi, donde una orden judicial derivó en el desalojo irregular de 44 hectáreas y dejó a 17 familias despojadas de sus viviendas durante dos semanas debido a excesos en el procedimiento judicial.
La avanzada territorial también se consolidó por la vía legislativa tras la promulgación de una ley en Salta que cedió en comodato nueve hectáreas del Pueblo Lule en Finca Las Costas a un club de rugby privado, argumentando la titularidad catastral del Estado pese al reclamo de posesión comunitaria. Los pobladores de la zona denunciaron que, tras la entrega del predio contiguo a sus viviendas y zonas de pastoreo, el Poder Judicial ordenó bloquear el ingreso de materiales de construcción a las familias que intentaban acondicionar sus hogares, profundizando las restricciones sobre su desarrollo cotidiano.
Frente a este panorama, Greenpeace remarcó que las medidas impulsadas incumplen el artículo 75 de la Constitución Nacional, que consagra la posesión y propiedad comunitaria inenajenable de las tierras tradicionales, así como el artículo 19 de la Ley Nacional de Bosques y los tratados internacionales. La entidad subrayó que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas exige el consentimiento previo, libre e informado ante cualquier iniciativa estatal o privada en sus territorios, un principio sistemáticamente eludido en favor de proyectos extractivos y convenios privados.
