Revés para el régimen libertario de Milei: las concesionarias de Sea Lion aseguran que las medidas no frenarán el proyecto

Las petroleras a cargo del proyecto hidrocarburífero Sea Lion en las Islas Malvinas desafiaron abiertamente la advertencia del presidente Javier Milei y confirmaron que continuarán con su plan de explotación en el Atlántico Sur. A través de un pronunciamiento difundido por la británica Rockhopper Exploration y respaldado por la operadora israelí Navitas Petroleum, las compañías afirmaron que las sanciones anunciadas por la Casa Rosada carecerán de efecto material sobre las operaciones y no alterarán el cronograma fijado para el yacimiento. En su descargo, las firmas reivindicaron la validez de los permisos emitidos por la administración colonial de las islas y remarcaron el respaldo formal del Reino Unido, dejando en claro que desconocen la potestad de Buenos Aires sobre la cuenca.

El pronunciamiento corporativo llegó menos de veinticuatro horas después de que Milei comunicara por cadena nacional el envío al Congreso de una iniciativa para endurecer el régimen de penalidades contra quienes extraigan recursos naturales en la zona en disputa. La posición de Navitas resulta políticamente sensible para la diplomacia libertaria: la compañía pertenece al magnate Gideon Tadmor, figura de gran peso económico en Israel, un país con el que el mandatario argentino tejió un fuerte alineamiento estratégico. Pese al discurso oficial de confrontación, analistas del sector recuerdan que el proyecto Sea Lion logró sortear y conseguir financiamiento luego de que las sanciones aplicadas originalmente en 2022 por la gestión anterior quedaran de hecho neutralizadas durante el actual mandato.

Lejos de una parálisis operativa, el megaproyecto en aguas disputadas avanza a ritmo sostenido con miras a extraer el primer cargamento de crudo hacia 2028. Respaldada por una inversión inicial estimada en 2.200 millones de dólares y una estructura accionaria en la que Navitas posee el 65% y Rockhopper el 35%, la alianza prevé 38 perforaciones y una capacidad de hasta 125 mil barriles diarios de crudo. Como parte de ese despliegue técnico, la firma israelí formalizó a fines de agosto la adquisición de una segunda unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) por 125 millones de dólares, lo que ratifica la vigencia del plan de desarrollo en alta mar a unos 300 kilómetros al norte del archipiélago.

No obstante la resistencia corporativa en el plano operativo, el cruce diplomático y regulatorio dejó secuelas inmediatas en los mercados bursátiles, donde las acciones de Rockhopper y otras firmas vinculadas al negocio petrolero en Malvinas registraron fuertes caídas. El enfrentamiento reaviva una controversia jurídica de largo alcance: mientras la República Argentina sostiene la absoluta ilegalidad de las licencias británicas y mantiene vigentes inhabilitaciones comerciales por dos décadas contra los operadores, las empresas se escudan bajo la tutela soberana de Londres. El pulso por Sea Lion se consolida así como el primer gran examen empírico para la política exterior del Gobierno argentino en torno a la soberanía del Atlántico Sur.