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Las universidades públicas de todo el país volvieron a paralizar sus actividades académicas, científicas y administrativas tras el rechazo del Frente Sindical de las Universidades Nacionales a la oferta salarial del Gobierno, consistente en apenas un 3 % de aumento mensual. La medida de fuerza de 24 horas expuso el profundo malestar del sector frente al retraso en los haberes, evidenciando que el incremento del 21,3 % otorgado en junio no logró revertir el deterioro acumulado y dejó los ingresos docentes un 22 % por debajo de los valores registrados en noviembre de 2023.
Según un relevamiento del Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN), para devolver el poder adquisitivo a los niveles previos a la asunción de Javier Milei sería necesario un ajuste adicional del 28,5 %. Dirigentes sindicales advirtieron sobre la gravedad de la situación socioeconómica del personal universitario: con un sueldo inicial de 500.000 pesos por media jornada y un millón por dedicación completa, las retribuciones quedaron muy por debajo de la canasta básica total de 1,5 millones de pesos requerida para superar la línea de pobreza, empujando a los trabajadores a un escenario cercano a la indigencia.
El conflicto también adquiere una dimensión institucional y legal debido a la negativa oficial de implementar plenamente la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria, sancionada por el Congreso tras el intento de veto del Poder Ejecutivo. Autoridades académicas, entre ellas el decano de Exactas de la UBA, Guillermo Durán, y el titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, denunciaron que el Ministerio de Capital Humano incumple deliberadamente la norma al no reasignar partidas presupuestarias, advirtiendo que la Justicia podría aplicar sanciones y multas personales a los funcionarios responsables por vulnerar la legalidad democrática.
El impacto del recorte estatal se refleja de manera contundente en las partidas destinadas a la educación superior, que sufrieron una contracción real del 40,5 % entre los primeros siete meses de 2023 e igual período de 2026. Los datos del informe técnico demuestran que más del 81 % del recorte total recayó directamente sobre la masa salarial docente y no docente, mientras las facultades operan bajo presupuestos prorrogados y una marcada incertidumbre económica que amenaza con derivar en una nueva marcha federal si fracasa la próxima ronda de negociación.
