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La Comunidad Indígena de Peñas Negras formalizó un reclamo ante la Fiscalía Penal de Belén para denunciar graves situaciones de violencia, agresiones y hostigamiento en su territorio ancestral. A través de un escrito presentado por su abogada representante, Andrea Morales Leanza, se solicitaron medidas cautelares urgentes destinadas a resguardar la integridad física de los comuneros, además de exigir la comparecencia in situ de funcionarios judiciales y personal médico forense para constatar lesiones, relevar testimonios de testigos y asegurar las pruebas materiales de los hechos acontecidos.
El origen de la intervención legal radica en las advertencias telefónicas recibidas por la letrada a inicios de septiembre, en las que miembros de la comunidad expusieron agresiones físicas y uso indiscriminado de gas pimienta presuntamente perpetrados por personal de la fuerza policial. Estos incidentes, ocurridos en un contexto de creciente conflictividad territorial, desencadenaron enfrentamientos que mantienen en estado de alerta constante y temor generalizado a los pobladores de la zona.
A este escenario se suma la irrupción de personas no identificadas que transitan en motocicletas desprovistas de documentación o patentes visibles y sin exhibir órdenes judiciales ni autorizaciones que respalden su accionar. Frente a esta irregularidad, la querella demandó determinar con celeridad la identidad, dependencia jerárquica y facultades jurídicas de quienes operan en el lugar, advirtiendo que los habitantes han restringido severamente sus desplazamientos cotidianos para evitar represalias violentas y nuevas amenazas.
Por último, ante la necesidad de brindar contención jurídica directa a los damnificados y tras recibir intimidaciones que desaconsejaban su tránsito por el trayecto de Laguna Blanca hacia El Hunquillar, Morales Leanza pidió a las autoridades una custodia policial para su traslado desde Belén. Sin embargo, la ausencia de respuesta judicial y la falta de garantías de seguridad por parte de los organismos provinciales forzaron a la abogada a eludir el trayecto catamarqueño y acceder al territorio en conflicto ingresando por la provincia de Salta.
