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Diputados del bloque opositor GENERAR radicaron este miércoles una denuncia penal ante los tribunales provinciales para que se investiguen presuntas irregularidades en torno a la fallida construcción del Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca. La presentación apunta contra exfuncionarios del Ejecutivo y directivos de la contratista MEGA SRL, con el propósito de determinar el destino de fondos públicos, el acopio de materiales y la legalidad de un polémico acuerdo extrajudicial que redujo de manera sustancial las penalidades impuestas a la compañía.
La obra, concebida para tender una traza de 125 kilómetros que conectara el Este catamarqueño con el Valle Central para optimizar el suministro de gas natural, contaba con un presupuesto global proyectado que superaba los $6.300 millones, distribuido entre la provisión de ductos y los trabajos civiles. Si bien la adquisición de cañerías fue adjudicada a la firma SIAT-Tenaris SA y la ejecución a MEGA SRL, el proyecto quedó inconcluso tras sucesivos conflictos administrativos iniciados a finales de 2023, derivando en una rescisión contractual cuyas condiciones previas y posteriores motivaron la intervención penal solicitada por la oposición.
Uno de los ejes neurálgicos de la acusación, expuesto por el legislador Tiago Puente tras formalizar el escrito, se centra en el paradero de 116 kilómetros de cañerías adquiridas por la Provincia por un importe superior a los $1.800 millones. El bloque demandante exige que la Justicia determine de forma fehaciente qué volumen del material fue realmente soterrado e instalado en la traza, qué remanente quedó bajo resguardo estatal y en qué condiciones de almacenamiento se encuentran estos bienes adquiridos con el erario público.
Asimismo, los denunciantes cuestionaron un desfase económico relevante al comparar el cálculo oficial de la obra con su posterior contratación. Según precisaron, el presupuesto de base fijado por el Estado provincial rondaba los $3.030 millones, pero la construcción terminó asignándose a MEGA SRL por un monto cercano a los $4.560 millones, lo que supuso un sobrecosto superior a los $1.500 millones. En ese marco, la denuncia solicita peritar los anticipos financieros otorgados, las certificaciones emitidas y los pagos desembolsados en contraste con el avance físico tangible de las tareas.
El capítulo más controvertido de la presentación judicial cuestiona el arreglo conciliatorio sellado entre el Gobierno provincial y la contratista luego de que se rescindiera el vínculo contractual por reiterados incumplimientos de la constructora. De acuerdo con el planteo opositor, el Estado había aplicado a la empresa una sanción económica de $1.963 millones que contaba con el aval judicial de la Corte de Justicia provincial; sin embargo, poco después, el Ejecutivo pactó cerrar el litigio por apenas $300 millones, una quita millonaria que para los legisladores carece de sustento legal y técnico transparente.
La acción penal individualiza las responsabilidades del exministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Alberto Kozicki; del exsecretario de Energía, Máximo Ramírez; de los representantes de la constructora MEGA SRL y de quien presidía la firma al momento de los hechos, Carlos Berrueso. A través de este proceso, los parlamentarios buscan deslindar las presuntas responsabilidades funcionales y corporativas en una iniciativa declarada estratégica que terminó paralizada y bajo sospecha judicial.
