TELEDIARIO.ar
En el debate sobre el futuro productivo y el desarrollo del departamento Tinogasta, dos alternativas han cobrado protagonismo en la agenda pública: la creación de una Zona Franca vinculada al Corredor Bioceánico y la reactivación efectiva de la Ley de Zona y Área de Fronteras. Aunque a menudo se presentan como caminos similares, su impacto social y económico guarda diferencias profundas. Al analizar la realidad cotidiana de los vecinos, surge una certeza ineludible: para que el beneficio llegue sin intermediarios al bolsillo de cada familia tinogasteña, la prioridad indiscutible es pelear por la vigencia plena del régimen de frontera.
La legislación de Zona y Área de Frontera fue concebida históricamente con un objetivo de equidad territorial: compensar las asimetrías geográficas, climáticas y de conectividad que sufren las poblaciones cordilleranas, promoviendo el arraigo y el desarrollo integral de la comunidad.
A diferencia de otros regímenes, sus ventajas alcanzan a la totalidad del tejido social local:
Baja directa en servicios y energía: Contempla tarifas diferenciales y subsidios en electricidad, gas y combustibles, factores críticos en una región de amplitudes térmicas extremas donde el transporte de insumos encarece toda la cadena de consumo.
Alivio a pequeños productores y comercios: Permite reducciones impositivas y de cargas patronales para los almacenes de barrio, talleres y pequeños productores de vid, olivo y nogal, volviendo más competitiva la producción local frente a los grandes centros urbanos.
Mejora en los ingresos salariales: Habilita el cobro de adicionales por "zona desfavorable" para docentes, personal de salud, empleados públicos y trabajadores del sector privado, inyectando liquidez mensual directa que se vuelca inmediatamente al comercio de cercanía.
Por su parte, la Zona Franca suele presentarse como una promesa de despegue industrial, pero su naturaleza es netamente aduanera y corporativa. Se trata de un perímetro cerrado con exenciones impositivas diseñado para el comercio exterior, cuyo beneficio no traslada rebajas de precios a la ciudad ni disminuye el costo de vida de sus residentes.
Para los habitantes comunes de Tinogasta, el impacto de una Zona Franca es sumamente acotado e indirecto:
Empleo puntual en logística y servicios de apoyo: Puede generar puestos de trabajo operativos en galpones de acopio, carga y descarga de mercaderías, mantenimiento de instalaciones y seguridad privada en el predio fiscal.
Contratación de servicios locales secundarios: Demanda esporádica de fletes menores, servicios de catering, viandas o mantenimiento básico prestado por prestadores del departamento.
Movimiento para la gastronomía de paso: Un incremento en el tránsito de transportistas y agentes aduaneros internacionales que cruzan hacia o desde el Paso de San Francisco, dinamizando paradores y comedores locales.
Sin embargo, estos efectos colaterales no resuelven los problemas estructurales de la población. Las utilidades principales y los beneficios arancelarios de un enclave franco quedan en manos de grandes consorcios mineros, firmas exportadoras y operadores logísticos internacionales, dejando al vecino común al margen de las ventajas tributarias.
El diagnóstico para Tinogasta es claro: mientras una Zona Franca constituye una plataforma de negocios para empresas de gran escala, la Ley de Frontera es una política de justicia distributiva y soberanía social.
Por esta razón, la batalla central y urgente debe librarse en favor del régimen de frontera. Solo garantizando que el Estado nacional reglamente y aplique sus beneficios, cada vecino de Tinogasta sentirá en su bolsillo una mejora real, tangible y duradera.
