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En una jornada parlamentaria marcada por la presión social y la articulación opositora, la Cámara de Diputados le asestó un revés político al Poder Ejecutivo al imponer un cronograma formal para debatir el alivio a los endeudados y la prórroga de la emergencia en discapacidad. Frente a la imposibilidad de frustrar la sesión especial convocada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y sectores provinciales, el oficialismo de La Libertad Avanza debió sentarse a último momento en sus bancas para dar cuórum e integrarse a la votación en una maniobra de control de daños, mientras en las afueras del Congreso diversas organizaciones y colectivos sociales se manifestaban en reclamo de medidas urgentes.
El acuerdo legislativo fijó plazos concretos para el tratamiento en comisiones de ambas problemáticas de alta sensibilidad social. En lo concerniente a la emergencia en discapacidad, que busca extender su vigencia durante todo 2027 frente a la caída de coberturas y prestaciones, el plenario de Discapacidad y de Presupuesto debatirá a mediados de mes con la meta de firmar dictamen el 23 de septiembre. En paralelo, las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor analizarán cerca de medio centenar de iniciativas vinculadas a la morosidad y al endeudamiento familiar generado por la caída de los ingresos reales, con fecha límite para dictaminar fijada para el 29 de septiembre, tras una votación general que cosechó 249 adhesiones afirmativas.
Pese al consenso sobre las fechas, el recinto fue escenario de fuertes fricciones y cruces políticos entre las bancadas. Los representantes del Frente de Izquierda denunciaron que el oficialismo, junto al PRO y la UCR, trabó la posibilidad de aprobar de manera directa e inmediata la ley de discapacidad en esa misma jornada. Desde los bloques de la oposición tradicional destacaron que el Parlamento debió imponer un gesto de autoridad institucional ante la falta de respuestas gubernamentales, al tiempo que dirigentes de la izquierda apuntaron duramente contra el sector bancario y las plataformas financieras por las tasas usurarias, protagonizando además un tenso intercambio con el presidente de la Cámara, Martín Menem, a quien acusaron de limitar el debate para silenciar los reclamos populares.
La definición de estos proyectos entrará en una zona decisiva en las próximas semanas, coincidiendo temporalmente con la presentación del Presupuesto en el Congreso, una herramienta presupuestaria que suele abrir complejas negociaciones con las administraciones provinciales. En este escenario, el avance hacia el recinto medirá la voluntad real de cada espacio para sancionar soluciones de fondo ante el deterioro económico o si, por el contrario, los reclamos de miles de familias endeudadas y del sector de la discapacidad quedarán subordinados al regateo político de la agenda fiscal.
