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Una nueva jornada de protesta en las inmediaciones del Congreso de la Nación culminó este miércoles con escenas de violencia cuando efectivos de la Policía de la Ciudad avanzaron contra manifestantes en el marco del protocolo antipiquetes. En esta ocasión, la tradicional marcha semanal de los adultos mayores en rechazo al ajuste previsional confluyó con la convocatoria de organizaciones, familias y personas con discapacidad agrupadas en el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, quienes acudieron a exigir la prórroga de la ley de emergencia del sector.
Los incidentes se desencadenaron mientras en la Cámara de Diputados se acordaba un cronograma de trabajo para dar tratamiento en comisiones a la continuidad de dicha emergencia antes de su vencimiento a fin de año. Pese al marco institucional de la jornada, el despliegue de las fuerzas de seguridad derivó en el uso de gases lacrimógenos y forcejeos sobre las veredas y calzadas, dejando a manifestantes heridos e interrumpiendo el acto cívico que se desarrollaba en las puertas del palacio legislativo.
Testigos y cronistas en el lugar dieron cuenta de situaciones críticas, entre ellas la asistencia médica de urgencia brindada a una jubilada tras descompensarse por el impacto de los gases y empujones policiales, además de agresiones verbales y físicas denunciadas contra trabajadoras de prensa y manifestantes vulnerables. Asimismo, personas con disminución visual señalaron haber sufrido el roce de postas de goma durante las maniobras de dispersión, en tanto que referentes sociales como el padre Francisco Olveira condenaron públicamente la dureza del operativo, en cuyo transcurso se registraron cinco personas demoradas que recuperaron su libertad horas más tarde.
Desde las entidades del colectivo de discapacidad fundamentaron el reclamo al denunciar que el sistema atraviesa una parálisis que pone en riesgo las prestaciones básicas de salud y contención. Voceros del sector remarcaron que los aranceles vigentes se encuentran desfasados respecto de los costos operativos reales, al tiempo que advirtieron por pensiones demoradas desde la órbita de Capital Humano e incumplimientos en las compensaciones extraordinarias, factores que impulsan la continuidad del plan de lucha en las calles.
