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La Comunidad Indígena de Peñas Negras, ubicada en el departamento catamarqueño de Belén, se encuentra en el centro de un tenso conflicto territorial que ha derivado en graves acusaciones cruzadas de violencia. El eje de la disputa es el avance del proyecto minero Aguas Calientes, vinculado a la empresa Amalaya S.A., el cual es fuertemente resistido por los pobladores locales. Argumentan que el desarrollo de la actividad se está llevando a cabo sin haber cumplido con el proceso de consulta previa, libre e informada, un derecho fundamental de los pueblos originarios. Esta situación de alerta escaló significativamente en los últimos días con enfrentamientos en el lugar, generando versiones diametralmente opuestas sobre los hechos y, en particular, sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.
Desde la representación legal de la comunidad, la abogada Andrea Morales Leanza denunció un escenario de constante hostigamiento, asegurando que el territorio se encuentra actualmente "sitiado". La letrada afirmó que existen registros audiovisuales que probarían el uso de gases lacrimógenos por parte de los efectivos, y señaló que una mujer resultó herida durante los disturbios. La gravedad del conflicto ha alterado la vida cotidiana a tal punto que los niños dejaron de asistir a clases. Frente a esto, la defensa anticipó la preparación de una acción de amparo, recordando además que el pasado 6 de septiembre ya habían radicado una denuncia ante la Fiscalía Penal de Belén solicitando medidas urgentes y la presencia de funcionarios judiciales.
Por su parte, la Policía de Catamarca rechazó categóricamente las acusaciones de represión y violencia institucional. El jefe de la fuerza, Manuel Herrera, calificó de errónea y falsa la versión difundida sobre el operativo, explicando que la intervención policial se produjo exclusivamente a raíz de un enfrentamiento previo entre comunidades y luego de que un grupo comenzara a arrojar piedras contra el personal y otras personas presentes. Según la postura oficial, el accionar de los uniformados tuvo como único propósito disuadir a los manifestantes agresivos y restablecer el orden en una zona de alta volatilidad.
En su defensa del procedimiento, Herrera reconoció que se efectuó un único disparo disuasivo al aire, hecho que, según indicó, quedó debidamente asentado en los informes oficiales. El jefe policial insistió en que el objetivo principal de la fuerza de seguridad fue en todo momento contener la situación y proteger la integridad de todos los presentes. Mientras las autoridades defienden su accionar pacificador, la comunidad indígena aguarda respuestas de la Justicia de Belén, en un conflicto que refleja la compleja convivencia entre los intereses mineros y los derechos de las comunidades originarias en la región.
