TELEDIARIO.ar
La comunidad indígena de Peñas Negras, un paraje ubicado en el norte del departamento Belén, en el límite con la provincia de Salta, denunció un nuevo episodio de represión estatal y hostigamiento en su territorio ancestral. La población local, cuya subsistencia depende de la cría de vicuñas y camélidos, responsabilizó a la administración del gobernador Raúl Jalil por intentar imponer el desarrollo del proyecto minero Aguas Calientes, operado por la compañía minera Amalaya.
De acuerdo con las declaraciones de los pobladores y organizaciones sociales de la zona, durante los últimos días se desplegó un operativo que combinó la presencia de efectivos de la policía provincial con grupos civiles vinculados a sectores desocupados. Estos últimos habrían sido movilizados bajo la promesa estatal de acceso a empleos en la actividad extractiva, lo que generó un clima de fuerte confrontación interna entre las comunidades y los trabajadores de la región.
Frente a este escenario, la comunidad de Peñas Negras ratificó su rechazo a las ofertas de empleo promovidas de manera conjunta por el gobierno provincial y el Poder Ejecutivo nacional, encabezado por Javier Milei. Desde el territorio sostienen que estas propuestas constituyen un mecanismo recurrente para justificar el avance extractivista a costa de los derechos territoriales y las actividades económicas tradicionales.
Vecinos y referentes comunitarios trazaron un paralelo con los antecedentes de Bajo de la Alumbrera en los departamentos de Andalgalá, Belén y Santa María. Según señalaron, las experiencias previas evidencian que los proyectos a gran escala no generan empleo estable ni sustentable para las poblaciones locales, y tampoco fomentan el desarrollo de la producción regional.
La crítica apunta también a la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y a las recientes modificaciones laborales, herramientas que, según argumentan los sectores movilizados, acentúan la precariedad de las contrataciones temporales. Asimismo, denunciaron que en el sector del litio existen proyectos internacionales, como los de capitales chinos, donde la contratación de mano de obra catamarqueña apenas alcanza el 5 % del total del personal.
Ante el riesgo inminente sobre los recursos hídricos y los sistemas productivos de la puna, los habitantes de Peñas Negras reiteraron su exigencia de respeto irrestricto a la autodeterminación territorial y a sus condiciones de vida, cuestionando la sostenibilidad a largo plazo del actual modelo minero provincial.
Diversas agrupaciones políticas y sociales, entre ellas el Partido Obrero, reclamaron el cese inmediato del accionar policial y de los aprietes en la zona. Como parte de las medidas de protesta, convocaron a una movilización denominada la "Marcha de la Bronca", prevista para el jueves 19 de septiembre a las 17:00 desde la Plaza La Alameda, en la capital catamarqueña, para exigir la defensa del agua, el reconocimiento del derecho a veto de las comunidades y la reorientación de los recursos públicos hacia el trabajo genuino.
