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El equipo jurídico de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó este martes nueva prueba documental que busca refutar el argumento central de su condena en la causa Vialidad, durante una conferencia de prensa brindada en el centro porteño por los letrados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego. Los abogados sostuvieron que la acusación original carece de sustento fáctico y confirmaron que elevaron estos elementos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para solicitar la anulación de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La evidencia expuesta por la defensa surge a partir de la declaración de un funcionario en el marco de la causa Cuadernos, testimonio que dio lugar a una investigación contable desarrollada por un equipo de economistas brasileños. Dicho análisis examinó el destino de los recursos del fideicomiso vial asignados entre 2009 y 2015, período en el cual se ejecutaron más de 2.000 millones de dólares en obras públicas distribuidas por todo el país.
De acuerdo con las cifras presentadas en la exposición, las obras asignadas al Grupo Austral —firma vinculada comercialmente a Lázaro Báez— representaron el 0,85 % del volumen total auditado. Con base en este dato, los representantes legales aseguraron que el decreto 54/2009 constituyó una medida administrativa de carácter general y desestimaron la hipótesis judicial de que hubiese sido redactado para favorecer deliberadamente a un contratista específico.
Durante la rueda con los medios, el abogado Carlos Beraldi calificó la acusación como «absolutamente falsa» y criticó que las pericias contables propuestas oportunamente durante el debate oral no hayan sido admitidas. En la misma línea, el letrado internacional Rafael Valim remarcó que el informe económico prueba que «se creó una mentira para condenar», mientras que Javier Borrego catalogó el fallo condenatorio de «delirio».
Finalmente, la representación legal ratificó que todos los nuevos antecedentes y gráficos analíticos ya fueron anexados al reclamo en curso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, instancia internacional donde buscan cuestionar la legitimidad de la sentencia y frenar la proscripción legal de la exmandataria.
