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Una auditoría interna en el área de liquidación de haberes detectó el pago continuo a personal dado de baja y desvíos sistemáticos hacia cuentas de uniformados. Hay cerca de 50 sospechosos y la causa ya tramita en el Juzgado Federal N° 2.
La Armada Argentina quedó en el centro de un escándalo financiero tras detectarse un presunto circuito de sobresueldos y desvío de fondos que supera los 1.600 millones de pesos. El esquema ilícito, originado en el área encargada de liquidar los haberes de la fuerza, fue expuesto a través de una denuncia penal radicada por el jefe de Servicios Financieros tras constatar graves inconsistencias en las acreditaciones salariales, suplementos y cobro de horas extras.
El mecanismo del fraude consistía principalmente en mantener activos los pagos de sueldos pertenecientes a personal que ya había sido desvinculado de la fuerza naval. Esos montos, en lugar de ser dados de baja del erario público, eran transferidos de forma ilegítima a cuentas particulares de marinos. Fuentes cercanas a la causa indicaron que los oficiales responsables del operativo se quedaban con el 50% de las liquidaciones gestionadas y que la maniobra incluye además anomalías en la asignación de suplementos a personal civil.
Las sospechas apuntan de manera directa a la jefatura de la división de liquidaciones, perteneciente al escalafón Intendencia. En dicha dependencia revistan el capitán de navío Carlos Alberto Castro Maggio, en calidad de jefe, y el capitán de navío Guillermo Gabriel Orozco, como segundo al mando. Según las estimaciones iniciales, alrededor de medio centenar de personas estarían comprometidas en la operatoria fraudulenta.
Frente al avance del caso, la propia institución confirmó el inicio de actuaciones administrativas y la inmediata judicialización de los hechos. A través de un comunicado, la fuerza ratificó la presentación formal ante el Juzgado Federal N° 2 con el objeto de deslindar responsabilidades y aplicar el debido proceso, al tiempo que desde la conducción de la cartera de Defensa subrayaron una política de «tolerancia cero» frente a la administración indebida de los recursos públicos.
