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La incorporación de reformas y recortes en el área de discapacidad dentro del proyecto de Presupuesto 2027 tensó las negociaciones entre el bloque de La Libertad Avanza y sus aliados habituales del PRO y la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados. La polémica se desató durante las reuniones informativas de la Comisión de Discapacidad, donde la oposición y organizaciones del sector advirtieron que las modificaciones enviadas por la Casa Rosada desarticulan el sistema de financiamiento y vulneran derechos adquiridos, poniendo en riesgo el dictamen unificado previsto para el próximo 23 de septiembre.
El punto neurálgico del conflicto radica en el artículo 39 del capítulo sexto del texto presupuestario —promovido por el ministro de Salud, Mario Lugones—, que elimina el carácter universal del Nomenclador de Prestaciones Básicas a nivel nacional. Hasta el momento, dicho arancel único rige de forma obligatoria para el Estado nacional, PAMI, el programa Incluir Salud, obras sociales y entidades de medicina prepaga para remunerar servicios críticos como transporte asistido, rehabilitación, acompañamiento terapéutico, centros de día y apoyo escolar.
De acuerdo con la nueva redacción, el principio de universalidad ya no contemplará la homogeneidad de los valores ni las modalidades de financiamiento entre las provincias, limitándose a garantizar un «piso mínimo prestacional común». A su vez, se dispone que los aranceles cubiertos por la administración central sean revisados cada tres meses por la Secretaría Nacional de Discapacidad o, en su defecto, fijados por la cartera sanitaria según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), junto a modificaciones sobre el esquema de pensiones de protección social e invalidez laboral.
La iniciativa gubernamental quebró un trabajo de cuatro meses entablado entre legisladores libertarios, el macrismo y el radicalismo, quienes articulaban una propuesta superadora frente al reclamo opositor de prorrogar la ley de emergencia hasta fines de 2027. En el debate de comisión, diputados oficialistas reconocieron el desacople estratégico y admitieron no haber sido notificados de la inclusión de estas cláusulas por parte del Ejecutivo.
En ese marco, el diputado de Unión por la Patria Juan Marino intimó al oficialismo a suprimir la totalidad del capítulo en cuestión, señalando que el proyecto promueve el desmantelamiento de coberturas esenciales. Por su parte, la diputada libertaria Silvana Giudice matizó la postura y aseguró la voluntad del bloque de arribar a una norma definitiva que elimine la transitoriedad de la emergencia, apoyándose en los plazos que ofrece el tratamiento del presupuesto.
Durante la ronda de testimonios, la presidenta de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad, Gilda Kriskovich, advirtió ante los legisladores que desregular el nomenclador común significa «federalizar la desigualdad». Asimismo, denunció que la falta de actualización y los retrasos de pago superiores a los 120 días por parte de programas estatales vuelven insostenible la continuidad operativa de los tratamientos y servicios para miles de familias en todo el país.
