Un funcionario cobró casi $110 millones por dejar el ENACOM y al día siguiente asumió como gerente en el INTA

El contador Daniel Alfredo Neira percibió una indemnización de $109,7 millones al desvincularse del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) el 31 de julio y, apenas 24 horas después, fue designado gerente en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La maniobra generó fuertes cuestionamientos debido a que el trámite de su nueva designación había comenzado más de tres semanas antes de notificarse su salida, lo que activó sospechas sobre una simulación de despido para eludir los mecanismos de traslado y habilitar el cobro de fondos públicos.

El hecho quedó al descubierto al cotejarse los expedientes administrativos de ambas dependencias oficiales. El 1 de julio, el INTA inició formalmente el proceso para sumar a Neira a su estructura jerárquica. No obstante, el 24 de julio el ENACOM le notificó la rescisión contractual, el 28 quedó habilitada la liquidación y el 31 de julio cesó sus funciones tras percibir exactamente $109.781.999,73. El 1 de agosto entró en funciones en su nuevo puesto, completando un traspaso sin solución de continuidad.

Neira, egresado de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se desempeñaba como subdirector de Contabilidad y Finanzas en el ENACOM con categoría A, el rango escalafonario más alto del organismo. El desembolso estatal cobrado por el directivo equivale a lo que perciben mensualmente alrededor de 80 trabajadores del ente de comunicaciones, en el cual el salario medio ronda los 1,4 millones de pesos.

Fuentes gremiales y del sector advirtieron que el traspaso debió canalizarse mediante un traslado interadministrativo o una renuncia formal, vías en las que no corresponde ninguna erogación indemnizatoria por parte del fisco. En cambio, la rescisión acordada permitió habilitar la millonaria compensación.

En el plano legal, especialistas en derecho administrativo recordaron que rige la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación que considera al Estado como un "único empleador", impidiendo que un agente cobre una indemnización por pérdida de empleo y simultáneamente continúe percibiendo haberes públicos en otra repartición. Por este motivo, advierten que el caso podría derivar en una demanda del fisco por enriquecimiento sin causa y una acción de repetición para exigir la restitución íntegra de la suma abonada.