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La comunidad universitaria nacional convocó a una nueva Marcha Federal para el próximo 15 de octubre y resolvió un esquema de 23 días de paros escalonados en la Universidad de Buenos Aires (UBA), a desarrollarse entre el 21 de septiembre y el 22 de octubre. La medida de fuerza unificada fue adoptada luego de que fracasara la mesa de negociación salarial ante la insistencia del Gobierno nacional de otorgar un incremento del 3 %, cifra sustancialmente distante del 30 % demandado para recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación y dar cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario.
El conflicto se agudizó este jueves 17 de septiembre al concluir el cuarto intermedio acordado a principios de mes. Durante el encuentro con la Subsecretaría de Políticas Universitarias, los funcionarios del Ejecutivo ratificaron la misma propuesta previa sin presentar mejoras. Dirigentes gremiales y autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) señalaron que la administración libertaria desatiende tanto la legislación aprobada e insistida por el Congreso tras el veto como las medidas cautelares judiciales que ordenan aplicar de manera inmediata la recomposición salarial, además de arrastrar partidas adeudadas para hospitales y gastos edilicios pautadas a mitad de año.
En la Universidad de Buenos Aires, los sindicatos docentes y no docentes (ADUBA, FEDUBA, APUBA y UTE) activarán la retención de tareas a partir del lunes 21 de septiembre con un paro en el Rectorado, extendiéndose un día por cada facultad e instituto hasta culminar el 22 de octubre en el Hospital de Clínicas. Emiliano Cagnacci, titular de ADUBA, remarcó que las medidas buscan visibilizar la gravedad de una crisis estructural que compromete no solo la pauta de sueldos, sino la continuidad del modelo científico y universitario argentino.
En paralelo, la tensión se trasladó al Congreso por el tratamiento del Presupuesto 2027. El texto presentado por el Ejecutivo contempla una partida de 7,3 billones de pesos para las casas de altos estudios, monto que contrasta con los 11 billones que el CIN calculó indispensables para sostener las actividades operativas y el pago de haberes.
Frente a esta brecha, el titular del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, advirtió que de ratificarse ese monto se afectará el conjunto de los programas académicos y sanitarios. Para contrarrestarlo, el consejo de rectores ya inició rondas en comisiones parlamentarias y activará negociaciones formales con legisladores nacionales y gobernadores de todas las provincias para modificar las partidas asignadas antes de su votación.
