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Con profunda angustia, Karina del Valle Álvarez (31) relató a este medio lo que vive desde hace meses y reclamó respuestas urgentes a la Justicia de Catamarca. Denunció, en sede policial y públicamente, la presunta retención ilegal de sus tres hijos menores de edad, de 13, 9 y 6 años. Según su testimonio, el responsable es su expareja, Sergio (49), quien reside desde siempre en San Fernando del Valle de Catamarca. Cuenta que el hombre se llevó a los niños el 8 de julio de 2026, en el marco de un acuerdo por las vacaciones de invierno, y que se niega a restituirlos a su centro de vida en Tinogasta. Agrega que la Justicia demora las respuestas y que atraviesa un grave cuadro de vulneración institucional y familiar.
El incumplimiento del acuerdo y el inicio del conflicto
Según el relato de Álvarez, el conflicto comenzó cuando los niños debían regresar a Tinogasta, el 29 de julio de 2026, para retomar sus actividades cotidianas y realizar la revisión médica del hijo mayor, necesaria para renovar su certificado de discapacidad. Ese día, el padre postergó el regreso con el argumento de una nueva cita médica. Luego solicitó nuevos pasajes para el 11 de agosto y dejó de responder. Un día después, se comunicó para alegar que la niña tenía gastroenteritis.
Ante esta situación, el 12 de agosto Álvarez radicó una denuncia formal por retención de menores en la Comisaría Departamental de Tinogasta y, al día siguiente, fue citada a comparecer. Días después, la licenciada en Trabajo Social Micaela Chaile, integrante de la Casa de la Mujer Qariyay de Tinogasta (espacio municipal de contención, asistencia, formación y promoción de derechos para mujeres, infancias y diversidades del departamento), la visitó para informarle de una denuncia paralela, presentada en su contra por el padre en la capital provincial, en la que se la acusa de maltrato y abandono. Álvarez afirma que no había sido notificada previamente, ni siquiera al momento de su descargo y de la publicación de su situación en este medio. Cuenta que, cuando intentó consultar en el juzgado de Tinogasta, no pudo ser atendida porque el personal se encontraba cumpliendo tareas en la localidad de Copacabana.
Gestiones en la capital y denuncias de violencia institucional
El 8 de septiembre, Álvarez viajó a la capital provincial para presentarse en el Juzgado de Familia, ubicado en el CAPE. Allí, según relató, sufrió hostigamiento y maltrato por parte de una asistente social (quien hasta ahora no fue identificada), quien la habría recibido de manera agresiva, cuestionado su presencia y dicho expresiones deshumanizantes y revictimizantes. Entre ellas, habría insinuado que, si los niños fueran restituidos a su madre, el padre tendría que ir a buscarlos “en un ataúd”.
Durante esa misma visita, la madre pudo ver brevemente a sus hijos fuera de la vivienda. Afirma que el padre los interceptó, los hizo entrar por la fuerza y los manipuló psicológicamente, haciéndoles repetir consignas contra ella bajo la premisa de que ella es “mala” y él “bueno”. Álvarez rechazó de forma categórica las acusaciones de maltrato y abandono. Remarcó que siempre priorizó la educación de sus hijos y que se trasladaba con ellos de manera constante.
El impacto escolar, el desarraigo y la pérdida de momentos clave
Según Álvarez, la retención prolongada afectó gravemente la vida cotidiana y escolar de los niños. Cuenta que los docentes y directivos de las instituciones a las que asisten se comunican con ella todas las semanas para preguntar por ellos, por el avance de la causa y por la fecha de su regreso. Sostiene que los niños se perdieron ferias de ciencias, rutinas escolares y eventos trascendentales:
Estado actual de la causa judicial
Álvarez sostiene que cumplió con todas las exigencias del sistema judicial, como entrevistas psicológicas, visitas de asistentes sociales e informes escolares. Pese a ello, afirma que la causa está paralizada en el juzgado de Tinogasta. Ante esta parálisis, el 25 de septiembre se presentó una medida cautelar de emergencia para lograr la restitución inmediata de los niños a su centro de vida en Tinogasta. Hasta el momento, según indicó, el recurso continúa sin respuesta.
