Tensión por Malvinas: Gran Bretaña defendió los negocios de hidrocarburos frente al proyecto del régimen libertario argentino

El gobierno británico ratificó este viernes su política comercial en las Islas Malvinas y calificó de «inaceptables» y sin «justificación legal» las sanciones impulsadas por la administración del presidente Javier Milei contra las compañías y particulares involucrados en la explotación de recursos naturales en el archipiélago. La respuesta de Londres surge como réplica al endurecimiento de las medidas sancionatorias anunciadas por el Ejecutivo argentino y a la inminente presentación de un proyecto de Ley de Soberanía Nacional en el Congreso.

A través de una declaración oficial, la Subsecretaria Parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar del Reino Unido, Uma Kumaran, aseguró que la red diplomática británica respalda «plenamente» a las entidades con inversiones en hidrocarburos en las islas. «Las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como mejor les parezca. Esto forma parte integral de su derecho a la autodeterminación», manifestó la funcionaria, quien añadió que las determinaciones comerciales corresponden con exclusividad a los habitantes del archipiélago y a las firmas privadas involucradas.

En su descargo, la representante ministerial desestimó el impacto de los anuncios de Buenos Aires al recordar que «no es la primera vez que un gobierno argentino profiere amenazas económicas», al tiempo que aseguró que la economía del archipiélago continúa su curso. Asimismo, advirtió que Londres considera «ilegítimo» cualquier intento de politizar herramientas y mecanismos de la comunidad internacional en perjuicio de particulares y empresas que desarrollan negocios en el territorio.

Por su parte, el presidente Javier Milei rechazó las lecturas políticas que vinculan sus anuncios sobre Malvinas con fines proselitistas. El mandatario argentino remarcó que su estrategia no constituye una maniobra electoral, sino una política en elaboración desde hace tres años que cobró impulso tras comentarios del expresidente estadounidense Donald Trump respecto a la revisión de la postura norteamericana en torno al diferendo por el archipiélago.