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La Justicia de San Juan dictó doce meses de prisión preventiva para Carlos Gonzalo Rivero, imputado por el femicidio de su pareja, Camila Agustina Vechiarello, una aspirante a gendarme de 26 años que cursaba un embarazo al momento de ser atacada con un arma blanca en su vivienda durante la madrugada del domingo. La medida cautelar se consolidó tras la incorporación de elementos periciales y testimonios que confirman que el sospechoso utilizó el celular de la joven horas después del fallecimiento para simular que continuaba con vida y solicitar dinero a su entorno familiar.
De acuerdo con el informe forense, Camila murió aproximadamente a la 01:30 de la madrugada a raíz de graves heridas cortantes en el cuello. No obstante, cerca de las 07:40 de la mañana, el padre de la joven, Emilio, recibió una respuesta a través del WhatsApp de su hija luego de haberle contestado un saludo de la tarde anterior. «Era él, porque a la 01:30 mi hija ya estaba muerta. Me contestaba el mensaje como si fuera ella», advirtió el progenitor ante los investigadores.
La maniobra continuó hacia el mediodía, momento en el que los hermanos de la víctima, Elio y Hernán, recibieron mensajes desde la misma línea telefónica donde se les pedía expresamente que transfirieran dinero hacia la cuenta bancaria de Rivero. Estas peticiones, sumadas a los testimonios vecinales que ubicaron al acusado tomando mates y saludando con normalidad por la mañana mientras el cuerpo yacía en el inmueble, descartaron cualquier intervención de la joven y afianzaron la hipótesis de manipulación del dispositivo por parte del presunto agresor.
Durante la audiencia judicial, Rivero intentó desligarse de los cargos brindando una versión exculpatoria: sostuvo que discutieron porque él planeaba volver a Salta por problemas financieros y aseguró que la joven «se puso loca» y se autolesionó con un cuchillo tipo sierra. Según sus dichos, la víctima resbaló con su propia sangre por el pasillo y se produjo la herida fatal en el cuello, escenario ante el cual él habría intentado suicidarse provocándose cortes superficiales y redactando una carta manuscrita de despedida.
Sin embargo, el fiscal Adolfo Díaz desestimó de plano este relato al considerarlo un intento deliberado por desviar la causa y simular un contexto incompatible con las lesiones relevadas. La causa quedó formally caratulada como «homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género», calificación legal que contempla una pena de prisión perpetua.
