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A una semana del operativo de control en el yacimiento Cerro Negro que obligó a una intervención judicial y policial por la resistencia de la empresa a permitir el ingreso de inspectores, la operadora Newmont y la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ) mantienen un hermético silencio sobre los compromisos asumidos ante el Poder Ejecutivo provincial, luego de que salieran a la luz graves infracciones operativas, de seguridad y de legislación laboral en el complejo minero.
El conflicto derivó en una cumbre de urgencia en Río Gallegos encabezada por el gobernador santacruceño e integrantes del gabinete ministerial junto a la máxima cúpula de la compañía multinacional, orientada a descomprimir el escenario de tensión. No obstante, las explicaciones oficiales posteriores se redujeron a un breve parte de prensa que evitó transparentar el alcance real de las discusiones, contrastando con la severidad del panorama detectado en la faena.
Las inspecciones en el yacimiento expusieron un cuadro crítico: denuncias sobre condiciones laborales deficientes, transgresiones en protocolos de higiene y seguridad, eventos de derrame de cianuro, flota vehicular sin la Revisión Técnica Obligatoria al día e incumplimientos en el cupo laboral fijado por la Ley 90/10.
Ante este escenario, la empresa optó por limitar su postura a una gacetilla formal en la que notificó la reanudación de actividades y reafirmó su apego al diálogo colaborativo y a la normativa vigente. Paralelamente, la directora país de la firma, María Eugenia Sampalione, desestimó brindar declaraciones adicionales a la prensa.
La respuesta evasiva se replicó en las entidades empresariales del rubro. CAMICRUZ, que agrupa a las concesionarias de la provincia y cuenta con la propia Sampalione como tesorera y con el exministro de Economía provincial Ignacio Perincioli como asesor, evitó manifestarse públicamente. El exfuncionario declinó emitir comentarios sobre las irregularidades registradas en el yacimiento, evidenciando una postura corporativa cautelosa frente a una de las mayores intervenciones de fiscalización estatal de los últimos años en la actividad minera regional.
