Influencers libertarios recaudan fondos a través de una SRL para un supuesto colegio sin registro docente ni empleados

Una investigación periodística reveló que tres conocidos influencers alineados con La Libertad Avanza crearon una sociedad de responsabilidad limitada mediante la cual solicitan aportes económicos en redes sociales para un presunto colegio para menores con discapacidad. Las donaciones se canalizan a través de una cuenta bancaria comercial perteneciente a la firma, en una iniciativa que cuenta con el apoyo público de la diputada nacional Lilia Lemoine, pese a que la entidad carece de empleados declarados y no posee inscripción oficial como establecimiento educativo.

El proyecto está formalmente estructurado bajo la firma Nuestro Camino Azul S.R.L., constituida en abril de 2025 con un capital de $500.000 y sede en El Talar de Pacheco. La sociedad está integrada por Alberto Marcel Vivas Peralta junto a Christopher Marchesini Brest (Mate con Mote), Matías Bernal Campos (El Herrero Liberal) y Lucas Emmanuel Apollonio (El Ojo del Poder). Los tres comunicadores, que reúnen una amplia audiencia digital, formaron parte de la comitiva de creadores de contenido recibida por el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos durante mayo de 2026.

La controversia se originó a partir de la difusión de convocatorias públicas para captar fondos mediante un CBU bancario radicado a nombre de la SRL en diciembre de 2025. Aunque los mensajes promocionales describen la obra como un colegio para personas con discapacidad —acompañados de imágenes donde se observa a los integrantes refaccionando instalaciones—, el objeto social asentado solo menciona prestaciones terapéuticas, de diagnóstico, tratamiento e inclusión, figuras que distan de una entidad escolar formalmente autorizada.

Las dudas sobre la transparencia del emprendimiento se acentuaron tras corroborarse que Nuestro Camino Azul figura en las bases registrales con la condición de no empleadora. Asimismo, las pesquisas documentales no arrojaron expedientes de habilitación escolar, reconocimiento ministerial de planes de estudio ni la existencia de una asociación civil o fundación que supervise el destino de los recursos.

A este escenario se suma la implicación institucional de Lilia Lemoine, señalada públicamente por los propios impulsores como colaboradora en el armado del proyecto, lo que generó cuestionamientos en torno a la captación de fondos privados sin auditoría pública en un área sensible y sujeta a marcos regulatorios estrictos.