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El representante permanente de Irán ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, acusó este lunes a Estados Unidos de perpetrar crímenes de lesa humanidad mediante la imposición de bloqueos económicos, injerencia política y operaciones armadas directas contra la población de la República Islámica, en el marco de la 63.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.
Durante su intervención oficial, el diplomático enfatizó que la coerción económica planificada contra una sociedad entera, sumada a la manipulación exterior de protestas civiles y su posterior militarización, encuadra jurídicamente en delitos de lesa humanidad. Bahreini sostuvo que las dificultades financieras y la inestabilidad que atraviesa su país han sido sistemáticamente impulsadas e instigadas por Washington, generando severos perjuicios para la soberanía de la nación persa y el equilibrio regional.
En el plano bélico, el representante iraní detalló los hechos ocurridos durante la ofensiva del 28 de febrero de 2026, atribuida a fuerzas estadounidenses e israelíes. Bahreini calificó las maniobras como una de las transgresiones más graves del derecho internacional humanitario contemporáneo, denunciando bombardeos deliberados contra escuelas, la destrucción intencionada de centrales de suministro eléctrico, el homicidio de funcionarios públicos y el ataque directo a civiles desarmados bajo una estrategia de guerra asimétrica.
Asimismo, el funcionario abordó las movilizaciones registradas en territorio iraní en enero pasado. Según su exposición, dichas protestas se iniciaron bajo un carácter pacífico, pero derivaron en episodios de violencia a raíz de operaciones externas de desestabilización. Bahreini aseguró que personeros de la administración estadounidense han admitido públicamente el traslado clandestino de armamento al interior del país para abastecer focos de choque, maniobra que precedió a la posterior escalada bélica.
Por último, el embajador iraní emplazó a los países miembros y a los organismos multilaterales a poner fin a la impunidad, instando a condenar la ilicitud de las sanciones unilaterales y a procesar judicialmente a los autores materiales e intelectuales de los ataques contra la infraestructura y la sociedad de su país.
