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La investigadora Virginia Aparicio enfrenta la máxima sanción administrativa tras coordinar el estudio SPRINT, que detectó altos niveles de plaguicidas en personas y ecosistemas locales.
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) promueve la exoneración de la ingeniera agrónoma e investigadora del Conicet Virginia Aparicio, tras un sumario administrativo iniciado a raíz de su labor técnica al frente del consorcio internacional SPRINT. La medida, considerada la sanción disciplinaria más severa del empleo público, implica la baja definitiva de su cargo en la Estación Experimental Balcarce y la inhabilitación absoluta para volver a prestar funciones dentro de la administración estatal.
El origen de la controversia se remonta al relevamiento sanitario y ambiental coordinado por Aparicio desde 2021, cuyos resultados biológicos confirmaron que el total de voluntarios argentinos testeados albergaba entre 2 y 10 formulaciones de plaguicidas en sangre, de 6 a 13 en orina y hasta 18 en materia fecal, arrojando valores significativamente superiores a los registrados en las muestras tomadas en Europa. Pese a que los datos fueron expuestos en 2023 durante la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las autoridades del organismo frenaron su divulgación a nivel local y posteriormente retiraron formalmente a la Argentina de la iniciativa a través de la Resolución 1081/2023.
En febrero de 2025, el INTA formalizó la apertura de un expediente disciplinario contra la investigadora con al menos ocho imputaciones, que incluyen presunto ocultamiento de información a sus superiores jerárquicos y perjuicio fiscal contra el Estado. Al respecto, la defensa letrada de Aparicio desestimó tales acusaciones señalando que los avances del estudio siempre fueron reportados a la dirección de la estación experimental y que el financiamiento provino de partidas de origen europeo que no implicaron erogaciones presupuestarias para el Estado. Asimismo, los representantes legales advirtieron que la sanción violaría el Acuerdo de Escazú, que garantiza la protección a la labor de agentes ambientales.
La decisión administrativa motivó el rechazo de la Asociación del Personal del INTA (APINTA), entidades profesionales y colectivos de la abogacía ambiental, los cuales exigieron frenar la sanción al advertir un retroceso en materia de libertad académica y derecho a la información pública sobre salud socioambiental. Mientras el sumario aguarda definición, Aparicio mantiene sus actividades en la sede de Balcarce a la espera de una resolución institucional definitiva.
