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La Corte de Justicia de Catamarca quedó en el centro de la controversia pública tras la difusión de la Acordada N° 4.807, una disposición que fija un protocolo restrictivo para la actividad de prensa y supedita a una autorización previa la realización de registros audiovisuales dentro de los edificios del Poder Judicial. La normativa provocó un inmediato cruce entre las autoridades del tribunal, que sostienen que el esquema busca resguardar la intimidad y los datos sensibles de personas vulnerables, y la oposición política, que calificó el requerimiento como un acto de censura previa.
El detonante de la discusión se dio a partir de las declaraciones del diputado provincial Francisco Monti, quien advirtió a través de sus redes sociales que el protocolo impone limitaciones excesivas sobre la labor de los comunicadores al condicionar el ingreso de cámaras a un permiso formal de la autoridad judicial.
Frente a los cuestionamientos, la ministra de la Corte de Justicia provincial, Fernanda Rosales, brindó precisiones sobre el alcance de la acordada, aclarando que la resolución fue suscripta meses atrás y persigue compatibilizar el derecho ciudadano a la información con el normal desenvolvimiento de las sedes tribunalicias y los derechos de terceros. Asimismo, convocó a los profesionales de los medios a manifestar si advierten impedimentos que excedan los límites legalmente previstos.
En su argumentación, Rosales diferenció las instancias públicas de aquellas que demandan reserva. Detalló que las limitaciones operan principalmente sobre expedientes del fuero de familia, cuestiones civiles individuales, causas por delitos contra la integridad sexual, actuaciones del fuero penal juvenil y todo proceso que involucre a niñas, niños o adolescentes, o donde se ventilen datos médicos y sensibles. De igual modo, recordó que rige la prohibición procesal de enfocar a los ciudadanos que integran los tribunales en los juicios por jurados.
Por contrapartida, la magistrada ratificó que las audiencias orales y públicas del fuero penal mantienen su principio de publicidad procesal, asegurando que la finalidad del protocolo no es obstaculizar el trabajo de la prensa, sino garantizar un marco de protección para los justiciables.
