
La pobreza alcanzó al 32,3% de la población y la indigencia trepó al 7,5% en la primera mitad del año
TELEDIARIO.ar
La pobreza en la Argentina trepó al 32,3% durante el primer semestre de 2026, lo que representó un incremento de 4,1 puntos porcentuales respecto del 28,2% registrado en la segunda mitad de 2025, de acuerdo con las mediciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El salto estadístico proyecta un universo de 15,4 millones de personas bajo la línea de pobreza en el territorio nacional, sumando a cerca de dos millones de ciudadanos en este segmento debido a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios frente al costo de las canastas básicas, presiones inflacionarias con rezago y el estancamiento del mercado laboral.
El deterioro del cuadro social también se reflejó de manera directa en los indicadores de indigencia y minoridad. La población con ingresos insuficientes para cubrir la canasta alimentaria creció del 6,3% al 7,5%. A su vez, entre los niños y adolescentes de 0 a 14 años la pobreza se profundizó al pasar del 41,3% registrado a fines del año pasado al 44,5%, lo que equivale a un total aproximado de 4,1 millones de menores vulnerables en los aglomerados evaluados.
Este resultado marca un quiebre formal en la trayectoria descendente que el Gobierno venía exhibiendo como principal baluarte de su programa económico. Tras haber alcanzado un pico del 52,9% en el primer semestre de 2024, el indicador había encadenado retrocesos sucesivos hasta perforar el 30% hacia finales de 2025, dinámica que quedó interrumpida con la publicación de los últimos registros.
Frente a la difusión de las cifras, el equipo económico encabezado por Luis Caputo remarcó la baja acumulada en comparación con el máximo histórico de 2024 y definió al repunte reciente como una contingencia de carácter transitorio provocada por tensiones cambiarias e inflación residual, factores que prevén revertir mediante la consolidación del esquema de desinflación.
No obstante, análisis técnicos independientes advirtieron que la suba responde a límites estructurales del proceso de estabilización. Entre las variables determinantes mencionaron la pérdida de tracción en la recuperación de los ingresos reales y una seguidilla de 13 meses de retracción en el empleo asalariado formal privado, condiciones que redujeron la capacidad de los hogares para hacer frente a los incrementos en los artículos de primera necesidad.


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