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La firma Entre Investimentos e Participações, utilizada como puente financiero para transferir recursos a la producción de Dark Horse —película centrada en la trayectoria del expresidente Jair Bolsonaro—, recibió dinero del crimen organizado para maniobras de lavado de activos y pago de sobornos. Así lo confirmó el ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, durante una rueda de prensa en Brasilia en el marco de la tercera fase de la Operación Carbono Oculto, un megaoperativo judicial y fiscal enfocado en desmantelar complejas estructuras clandestinas de blanqueo de capitales.
De acuerdo con Durigan, la gestora perteneciente al Grupo Entre funcionaba en la práctica como una «lavandería» inserta en el sistema financiero. En sus cuentas confluían, dentro de un mismo fondo patrimonial, sumas transferidas por el Banco Master —vinculado al banquero Daniel Vorcaro—, montos procedentes de organizaciones criminales y capitales de individuos bajo acuerdos de delación premiada con la Fiscalía del Estado de São Paulo y la Fiscalía Federal. El titular de Hacienda advirtió que estas múltiples capas contables fueron diseñadas deliberadamente para entorpecer el rastreo del origen y destino de los fondos.
La tercera etapa de Carbono Oculto, ejecutada en conjunto por el Grupo de Acción Especial para la Lucha contra el Crimen Organizado (Gaeco) y la Secretaría de Ingresos Federales, identificó movimientos sospechosos por un total de 11.000 millones de reales. Como parte de las medidas, las fuerzas de seguridad cumplieron órdenes de registro e incautación en los estados de São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina y Espírito Santo.
Entre los principales investigados por la justicia se encuentran Antônio Carlos Freixo Júnior, conocido bajo el alias de «Mineiro» y titular de Entre Investimentos —quien ya mantenía un acuerdo de colaboración premiada con la Fiscalía General de la República por el escándalo del Banco Master—, y Humberto Arthur Tupinambá Neto, exdirector del Banco Genial.
Finalmente, el ministro Durigan advirtió sobre la creciente penetración delictiva en el sector financiero brasileño, señalando que diversas entidades bancarias, fintechs y administradoras han dejado de colaborar con los organismos de control para ponerse directamente al servicio del crimen organizado.
