Tras el fallo de la Corte Suprema, especialistas instan al Congreso a frenar la venta de tierras a extranjeros

Especialistas en Derecho Constitucional y legisladores opositores coincidieron este miércoles en reclamar que la Cámara de Diputados rechace en su totalidad el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 emitido por el presidente Javier Milei, luego de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia dejara sin efecto la medida cautelar que suspendía la derogación de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737). La advertencia de los juristas apunta a evitar un retroceso normativo que habilite la adquisición irrestricta de territorio argentino por parte de capitales extranjeros.

El pronunciamiento unánime del sector académico surgió a raíz de la resolución firmada por los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron la acción judicial promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). En su escrito, el máximo tribunal aclaró que la decisión se limitó a desestimar la demanda por supuesta falta de legitimación procesal de los demandantes, sin expedirse sobre la validez constitucional del artículo 154 del mencionado DNU.

Pese a ese resguardo formal, el efecto directo de la sentencia repuso de facto la derogación de la normativa sancionada en 2011, eliminando el tope histórico del 15% para la venta de inmuebles rurales a personas o sociedades foráneas. El historiador Matías Oberlín, integrante del Observatorio de Tierras del Conicet, alertó que el escenario devuelve al país a un marco de desregulación absoluta, facilitando operaciones inmobiliarias que luego resultan de muy difícil revisión.

Ante este panorama, juristas como Pablo Luis Manili y Raúl Gustavo Ferreyra remarcaron que el único camino legal e institucional para restablecer la protección territorial radica en el Congreso de la Nación. Debido a que el Senado ya rechazó el DNU en marzo de 2024, una votación negativa por parte de la Cámara de Diputados decretaría la nulidad absoluta del instrumento gubernamental. Ferreyra advirtió que la postura de la Corte incurre en una contradicción, ya que evitar pronunciarse sobre la cuestión de fondo termina avalando la aplicación de la norma.

En esa misma línea, la exsecretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra consideró inaceptable que el Ejecutivo mantenga atribuciones legislativas por vía de decreto y propuso rediscutir el régimen de la Ley 26.122, que permite la vigencia de un DNU si no es descartado por ambas cámaras. Como respuesta institucional inmediata, representantes del CECIM mantuvieron una reunión en el Congreso con legisladores de Unión por la Patria, encabezados por Germán Martínez, con miras a convocar a una sesión especial que someta a debate el decreto y selle su anulación legislativa definitiva.