Rebelión aliada: el radicalismo rechaza sancionar a la prensa y el Gobierno abre negociaciones por la ley Malvinas

La bancada radical advirtió al oficialismo que no respaldará la cláusula penal que castiga la manipulación de la opinión pública, al considerarla una amenaza directa contra la libertad de expresión y la prensa.

El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) frenó este miércoles el avance de uno de los puntos centrales del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, elaborado por el asesor presidencial Santiago Caputo. Los legisladores notificaron a la Casa Rosada y a las autoridades de la Cámara de Diputados que no votarán el artículo 111 de la iniciativa, argumentando que su redacción abre la puerta a la persecución judicial del periodismo y vulnera el derecho a la libre expresión.

La controversia se focaliza en la pretensión oficial de añadir el artículo 225 bis al Código Penal, fijando penas de cinco a doce años de prisión para quienes actúen bajo financiamiento u orden extranjera realizando acciones orientadas a manipular la opinión pública a través de desinformación masiva o alteración de comicios. La postura de rechazo estuvo encabezada por los diputados mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Neri, en sintonía con las tensiones que atraviesa el gobernador Alfredo Cornejo con el Poder Ejecutivo nacional por el armado electoral en su provincia.

Frente a la advertencia del radicalismo —sintetizada en la premisa interna de no acompañar medidas punitivas contra la prensa—, la conducción libertaria debió recalibrar su estrategia antes del inicio del tratamiento formal en comisiones. El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y Santiago Caputo acordaron la presencia en el parlamento de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, con el fin de contener la fuga de votos entre los bloques dialoguistas.

Durante el encuentro desarrollado en el Salón de Honor contiguo a la presidencia del cuerpo, Ibarzábal se reunió con los diputados oficialistas Gabriel Bornoroni y Laura Rodríguez Machado, además de representantes aliados como Diógenes González (UCR), Javier Sánchez Wrba (PRO) y Eduardo Falcone (desarrollismo). En dicha mesa, los legisladores dialoguistas remarcaron que el artículo 111 resulta inviable en su formato actual y plantearon reparos sobre otros aspectos del texto, como la autorización para el derribo de embarcaciones sin mediación del Congreso.

El conflicto en torno a la ley de soberanía se inserta en un clima parlamentario complejo para el oficialismo, condicionado por reclamos presupuestarios sobre el área de discapacidad encabezados por mandatarios provinciales y sectores aliados, lo que obligó al Poder Ejecutivo a admitir que deberá flexibilizar sus pretensiones para no perder el respaldo legislativo.