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El Gobierno nacional y los bloques de la oposición intensificaron sus gestiones en el Congreso para definir el futuro de la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, en un escenario donde los gobernadores de las provincias se consolidaron como el factor determinante para inclinar la balanza parlamentaria. La disputa ocurre tras un viaje oficial a París encabezado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a doce mandatarios provinciales, concebido para asegurar los votos necesarios en el Senado antes de que la Cámara de Diputados active una sesión que podría anular de forma definitiva el megadecreto presidencial.
El núcleo de la estrategia del oficialismo radica en la aprobación del proyecto de reforma electoral centrado en la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una iniciativa catalogada por el Ejecutivo como prioritaria para la consolidación política de la gestión y la fragmentación del peronismo opositor. Durante las conversaciones diplomáticas, la administración central propuso a los jefes territoriales retirar las eventuales candidaturas de La Libertad Avanza en sus jurisdicciones para facilitar sus reelecciones locales; no obstante, la delegación concluyó su paso por Francia sin la firma de un entendimiento cerrado, derivando las tratativas directas al ámbito de la Jefatura de Gabinete.
En paralelo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibió un pedido de sesión especial fechado para el 15 de octubre promovido por diferentes bloques de la oposición. El temario impulsado contempla el tratamiento de la emergencia en discapacidad, la ley de endeudamiento familiar y, centralmente, la derogación del DNU 70/2023, que ya recibió el rechazo de la Cámara alta y que recuperó impulso político tras un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia que avaló la anulación de la Ley de Tierras consagrada en el artículo 154 de dicha norma.
Las cuentas en la Cámara baja muestran una polarización ajustada hacia el quórum legal de 129 escaños. Partiendo de una base inicial de 110 bancas conformada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y diversas fracciones provinciales, el armado opositor sumó el respaldo de representantes de Misiones, Catamarca y Córdoba, situándose por encima de las 116 voluntades. Ante esta aritmética, la postura que adopten los diputados que responden de manera directa a los mandatarios provinciales que dialogan con la Casa Rosada será la que resuelva si la oposición logra abrir el recinto o si el oficialismo logra blindar el decreto y avanzar en sus proyectos de ley.
